Legalidad
Todos contra todos
- Eduardo Arquel Martínez Diez (Periodista)
La impronta revolucionaria del gobierno bicéfalo del presidente Juan Carlos Varela, para adecentar el sistema de justicia, se parece mucho a la punta del iceberg que hundió al Titanic.
Si por una brecha que le hizo la mole de hielo al barco entraron todas las aguas del mundo para hundirlo, de igual manera, por la brecha del caso del magistrado Alejandro Moncada Luna entrarán los impolutos a la Corte y la elevarán desde su profunda corrupción, “como una gota de agua que se desprende del lodo para elevarse nube hacia la altura”.
La escalada política fiscal en contra del enriquecimiento injustificado de jerarcas de la justicia es una guerra entre avispas que muy poco tiene que ver con la justicia de a pie, la que no tiene relación con las controversias millonarias que involucran firmas y familias de alto perfil.
En ese sentido, nos preguntamos qué hace el señor Jované allí, que bien pudiera utilizar esa energía para pelear por el rescate de la Caja de Seguro Social de las manos de la Comenenal, el aumento a los jubilados, el abastecimiento de medicamentos, las moras quirúrgicas, el monopolio de los servicios médicos-técnicos hospitalarios; nadie entra, nadie sale, la salud es secuestrada por las constantes peticiones de aumentos salariales de los empleados, como si el Seguro Social fuera un resort para ellos sobre una plataforma de penitentes. De manera que el caso Alejandro Moncada Luna, que si bien es cierto sirve para “dizque” mejorar la imagen de la Corte, al verdadero pueblo panameño no le resuelve nada.
Resolvería algo si atacáramos la mora judicial, la gran cantidad de demandas que reposan y reposaron en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, donde hay expedientes de bajo perfil que duermen el sueño de los justos. Hombres y mujeres mendigando su derecho al trabajo frente a la indiferencia de hombres que se creen dioses y que no se conmueven ante la espera angustiosa de los que realmente tienen hambre y sed de justicia. Es aquí cuando el pecado se convierte en delito, porque le roba a los descamisados su derecho al trabajo.
En ese sentido, muchas son las críticas que se le hacen a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo con respecto a sus fallos, algunos dirigentes dicen que los magistrados se consideran abogados del Ejecutivo. Arabescos, enroque, trabalenguas, parecen utilizarse legalmente en los resueltos para ganar los casos a favor del gobierno de turno. Es como si fuera un juego de inteligencia vs. contrainteligencia y es por eso que algunas veces alguien pide aclaración de la sentencia. Si el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático constitucionalista, le pide a la Corte que le aclare el fallo que se dictó en su contra porque no lo entiende, ahora uno que es lego en el asunto… Nadie pide una cadena infinita de apelaciones, pero dos instancias están más cerca de la justicia que una instancia sola y absoluta.
Y es que este descontento con los fallos nace por la forma que se tiene de hacer jurisprudencia; veamos un ejemplo: la Sala se expresa así: “Porque la Corte, en reiteradas ocasiones, se pronunció diciendo que no puede un reglamento interno con jerarquía inferior a la ley conceder estabilidad a los servidores públicos, de acuerdo a lo que dispone el artículo 297 de la Constitución Nacional”.
Somos de igual criterio que cada caso es un fenómeno único en persona-espacio-tiempo-lugar (no hay coincidencia en dos observadores que se mueven en el tiempo, uno con respecto al otro - Albert Einstein, Teoría de la Relatividad). Además, el fondo de las controversias difiere en su móvil. Las demandas laborales no discuten quién tiene mayor jerarquía, sino que los despidos se hacen violando el espíritu y letra del reglamento interno. Y sobre la violación del reglamento es que se debe trabajar y no sobre otro fenómeno. Piden también que se transcriban los artículos que la Corte menciona para los fines de la sentencia e igualmente dicen que los artículos cambian de posición según cada acto legislativo.
Nuestra posición periodística dice que la confrontación de un reglamento interno vs. la ley, en asuntos laborales, violenta el verdadero espíritu de nuestra Carta Magna, que es fundamento de los derechos humanos: techo, abrigo, comida, salud, educación, trabajo y justicia. De ninguna manera puede contradecirse así misma negándole al ciudadano esos derechos. Termino con la sentencia del timonel chino Mao Tse Tung: “Todo cambio social sin convicción revolucionaria es falso”.

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