Un alto en el camino de la privatización

Los resultados reales de la política mundial de privatizaciones están siendo sometidos en los países subdesarrollados a procesos severos de evaluación, al comprobarse en muchos casos que la sustitución de empresas estatales de servicios públicos por empresas privadas extranjeras no satisfacen las expectativas de los usuarios, que constituyen el destino final supuestamente benéfico del cambio de régimen de propiedad de los servicios sociales.
Por supuesto, Panamá no está excluida del proceso de evaluación de la privatización, por lo menos, desde el punto de vista de la calidad y el costo del servicio suministrado por la empresa privada. Hasta el momento Panamá sólo ha completado la privatización de su telefónica INTEL, mientras las otras empresas estatales no han concluido aún el proceso, lo cual coloca al país en la privilegiada situación de analizar y revisar los términos de los futuros contratos para obtener garantías concretas, y no promesas difusas, del mejoramiento administrativo y tecnológico del servicio a costo razonable.
La privatización no puede ser un fin en sí mismo en los países subdesarrollados y mal puede aceptarse como un sinónimo categórico de eficiencia y costo racional del servicio público. La privatización de las empresas estatales ha surgido como una de las exigencias que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que un país atrasado se convierta en sujeto de crédito, aprovechando en beneficio de los socios del Primer Mundo la realidad innegable de la frondosidad burocrática y la ineficiencia de muchas empresas estatales, subsidiadas por el erario público.
Pero lo lógico es que en la privatización, la empresa estatal ceda parte de su accionariado, parcela del patrimonio público, para beneficiar a los usuarios, produciendo un saldo cualitativo en eficiencia, adelanto tecnológico y costos. En esa perspectiva resulta inconcebible, que bajo administración de una empresa privatizada, decaiga la calidad del servicio público, a veces por debajo del standard de la empresa estatal, a un costo más alto.
Teniendo a la vista la experiencia propia y ajena, resulta sensato y realista que el actual gobierno, responsable de la situación, haga un alto en el camino de las privatizaciones del agua potable y la energía eléctrica, y someta a exhaustivo análisis los términos contractuales. En materia de servicios públicos, no puede omitirse el criterio del usuario, vale decir la respuesta de las familias panameñas en base a sus necesidades. No se trata de dar marcha atrás en el reloj de la historia sino de asegurar los más convenientes criterios del futuro. Porque si la realidad de la globalización económica es objeto de controversia en el mundo entero, no lo es menos la privatización, en la medida que es parte constitutiva del mismo proceso.