Un Estado funcionando como reloj suizo

En Panamá se habla con frecuencia de reformas económicas, electorales o fiscales. Sin embargo, existe una reforma poco visible que rara vez ocupa el debate público, la del orden institucional. No es crear más leyes ni de cambiar gobiernos, sino de lograr que el Estado funcione con reglas claras, procesos estables y responsabilidades bien definidas.

El orden institucional es la base sobre la cual descansa cualquier política pública. Un programa social, una obra de infraestructura o un servicio ciudadano pueden tener buenas intenciones y presupuesto suficiente, pero si las instituciones no trabajan de manera coordinada, los resultados difícilmente serán los esperados. Cuando las competencias se confunden, los procedimientos cambian constantemente y las decisiones no siguen un mismo criterio, el sistema pierde eficiencia.

Este problema normalmente no se ve a simple vista. Al ciudadano poco le interesa el trámite interno, pero sí sus consecuencias. Cuando las respuestas demoran, los proyectos se detienen sin explicación o las gestiones empiezan a pasar de una oficina a otra sin solución, es ahí cuando el ciudadano empieza a fijarse en los trámites y a quejarse de la burocracia, porque la falta de orden institucional termina convirtiéndose en un costo real para la gente, aunque no aparezca en ningún balance financiero.

Fortalecer ese orden no requiere grandes discursos ideológicos. Requiere respetar los procesos existentes, profesionalizar la gestión pública y garantizar que cada institución sepa con precisión qué le corresponde hacer. Cuando las reglas son estables y las decisiones siguen una ruta clara, el Estado deja de depender de voluntades individuales y puede comenzar a funcionar como reloj suizo.

Los países que han logrado avanzar de manera sostenida entendieron que la modernización del Estado no se mide por la cantidad de reformas aprobadas, sino por la capacidad de sus instituciones para cumplir lo que ya está establecido. Un Estado ordenado no es más grande ni más pequeño; es más confiable y más cercano al ciudadano.

Hablar de orden institucional no es un tema técnico exclusivo para especialistas. Es una discusión que impacta directamente el tiempo de un trámite, la ejecución de una obra y la calidad de un servicio público. Por eso debería estar en el centro del debate nacional.

Panamá necesita optimizar su funcionamiento. Cuando el Estado actúa con coherencia, continuidad y respeto a sus propios procedimientos, el país entero avanza. Y ese es un cambio que no depende de un gobierno, sino de una visión de largo plazo que trascienda administraciones.