Una nueva constitución para un nuevo modelo

La sociedad panameña se encuentra en una situación en que su modelo de funcionamiento se encuentra agotado.

Peligrosamente nos dirigimos hacia lo que se conoce como un Estado fallido, en el que las necesidades básicas de la población quedan absolutamente desatendidas.

Unos cuantos indicadores sirven de ejemplo de esta tendencia

En nuestro país el sistema de salud está prácticamente colapsado, mientras que el descuido de la educación oficial por parte de los diversos gobiernos ha venido generando una grave crisis en este importante sector del país.

No es, por ejemplo, casualidad que el 46.0% de los jóvenes con edad de haber terminado la educación media no lo hicieron, lo cual los pone en grave riesgo en el mercado de trabajo.

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Tampoco es casualidad que en un país declarado como de altos ingresos por el Banco Mundial, el 19 por ciento de la población con menos de cinco años muestre signos de desnutrición, o que 400,000 panameños y panameñas estén en estado de desnutrición.

Así mismo, estamos frente a una estructura social que condena al 32.8% de nuestros niños, niñas y adolescentes a vivir en pobreza multidimensional.

Además, el actual modelo económico muestra claros signos de agotamiento, que se reflejan en su creciente desaceleración y la radicalización de su carácter concentrante y excluyente.

Es así que no solo el nivel de desempleo se ha elevado hasta el 7.1% de la población económicamente activa, sino que el nivel de informalidad en las actividades no agrícolas se disparó hasta el 44.9% de los ocupados.

En el plano ambiental el modelo resulta cada vez más adverso a la sostenibilidad.

De acuerdo con datos del Ecological Foot Print, nuestro país habría perdido entre el 2000 y 2015 el 28.2% de su biocapacidad por persona.

Frente a esto, nos encontramos con un Estado manejado por los sectores económicamente dominantes y la partidocracia, con gobiernos incapaces de revertir la desigualdad económica y social.

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Estos no solo mantienen un sistema tributario con una carga fiscal para los sectores de mayores ingresos, sino que permite que estos se beneficien de una pasividad en el cobro de los impuestos, que en el año 2016 llevó a una evasión que alcanzó a cerca del 8.0% del PIB.

Todo esto es permitido por un sistema electoral corrupto que le asegura a los sectores económicamente dominantes y la partidocracia mantener el poder político del país.

Este es parte de una institucionalidad carcomida por la corrupción, que además de costarles a los panameños y panameñas anualmente entre el 3% y el 4% del PIB, significa una justicia sesgada, tardía y selectiva.

Este quiebre institucional intensifica, además, la inseguridad ciudadana.

El país, obviamente, necesita un nuevo modelo de funcionamiento.

Es así que se debe entender que el proceso constituyente es un momento importante para crear una visión de futuro para el país, capaz de corregir los problemas existentes.

Por eso, el mismo no debe ser entendido como pretende el actual gobierno, como una reforma de visión estrecha y parcial.

Debe dar lugar a un amplio proceso de refundación nacional, centrado en los derechos humanos, que lleve, con la participación activa de toda la población, a una nueva constitución, que a la vez impulse nuevas leyes, formas institucionales así como un sistema electoral, que aseguren un modelo profundamente democrático, con justicia social y sostenibilidad ambiental.

Se trata de un proceso que debe ser concebido, animado, conducido metodológicamente y facilitado exclusivamente por panameños y panameñas.

Debemos recordar que en un documento de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado "Derechos Humanos y Procesos Constituyentes", se advierte que existe el peligro de que estos se frustren por estar dominado por "poderes externos, sea un Estado patrocinador o una organización internacional".

Economista.