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A 20 meses de las Elecciones 2024, la confianza y credibilidad del Tribunal Electoral está debilitada

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, indicó que no se puede perder de vista “que la confianza de la institución en estos momentos está debilitada y obviamente permitir que nuevos actores se incorporen a la institución de alguna manera crea un momento de refrescar el papel de la institución”.

Alberto Pinto - Actualizado:

La credibilidad del Tribunal Electoral se ha ido desmoronando. Foto: Grupo Epasa

A 20 meses de las elecciones generales 2024, el Tribunal Electoral enfrenta por una crisis de credibilidad y falta de confianza por parte de la población.

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Si bien después de derrocado el régimen militar, el Tribunal Electoral se convirtió en una de las instituciones de mayor confianza y credibilidad entre la ciudadanía, estas se han ido perdiendo al transcurrir los años, tras cuestionadas decisiones de sus magistrados.

En ese sentido, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, indicó que no se puede perder de vista “que la confianza de la institución en estos momentos está debilitada y obviamente permitir que nuevos actores se incorporen a la institución de alguna manera crea un momento de refrescar el papel de la institución”.

El jurista hizo este planteamiento, momentos en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se apresta a escoger el reemplazo del magistrado Heriberto Araúz, a quien se le vence el periodo de diez años en noviembre próximo.

“Hay que recordar que los elegidos somos temporales y que las instituciones son permanentes y en ese sentido el rol del Tribunal Electoral siempre va a ser relevante, pero las personas que ocupan los cargos son las que tienen que irse colocando de acuerdo a las expectativas de la sociedad y en este momento que el Tribunal Electoral tiene debilitada su confianza justamente el papel del nuevo magistrado va a entrar a complementar esa confianza y a garantizar que su ejecutoria ponga un momento de tranquilidad para la sociedad que ya inició un proceso electoral en búsqueda de nuevas autoridades para el país”.

El dirigente gremial plantea que el nuevo magistrado del Tribunal Electoral debe ser una persona que genere confianza, ya que el rol de esta institución descansa sobre la transparencia de los procesos electorales y esta transparencia nace con el perfil de los magistrados, en donde la sociedad tenga cercanía entorno a una carrera que haya tenido ejecutoria suficiente para haber demostrado esa confianza y  partir de allí obviamente el resto de cualidades.

Agrega que debe ser un jurista integral, que no solo maneje la temática electoral sino que tenga una visión amplia del Derecho y sobre todo de la justicia y del entendimiento de que la justicia produce paz social.

“Cada decisión que se deben tomar a la luz de los procesos electorales implica el entendimiento de todas las fuerzas políticas que participan para disputarse el poder político y allí entraría esos razonamientos que pueda tener un magistrado con una ejecutoria suficiente”, destaca.

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Además de  la confianza debe existir esa cercanía que el ciudadano necesita sentirse seguro entorno a que estas posiciones no generen inestabilidad o afecten la paz social, y que contribuya a fortalecer algo que permanentemente está en desarrollo que es la democracia del país.

Por su parte el catedrático y abogado, Miguel Antonio Bernal, señala que en este momento el Tribunal Electoral no tiene un solo grado de credibilidad, ya que a su juico la poca que tenía la han perdido por sus actuaciones completamente contrarias a los derechos de los ciudadanos, “y particularmente lo que se refiere a la participación ciudadana, no solamente en materia electoral, estamos ante una institución fallida”.

Sobre la escogencia del nuevo magistrado, Bernal manifiesta que es lo que establece la Constitución impuesta, que le corresponde a uno de los magistrados ser nombrado por el Órgano Judicial, por lo cual considera que lo indicado sería que lo hagan con la más absoluta transparencia y con participación ciudadana. Que no se haga bajo criterios de preferencias político partidista o de preferencias personal, sino en base a los méritos que pueda llegar la persona que allí se presente.

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