Diez proyectos de ley esperan la decisión del Órgano Ejecutivo
Tras su aprobación en tercer debate en la Asamblea, las propuestas deben ser analizadas por un equipo legal para evaluar su viabilidad.
La Asamblea Nacional culminó su periodo de sesiones ordinarias el pasado 30 de octubre. Cortesía
Al cierre del periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, unos diez proyectos de ley sobre temas judiciales, sociales, económicos, ambientales y culturales esperan la sanción o veto del Órgano Ejecutivo, como establece la Constitución en su artículo No. 168 para convertirse en leyes de la República o, en su defecto, retornar al Legislativo para las correcciones pertinentes.
El proyecto de ley No. 176, que modifica la normativa que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales para que sea de dominio público y sirva como método de prevención ante estos delitos, es uno de los que aguarda por la decisión del mandatario.
La iniciativa establece que quienes hayan sido procesados o estén cumpliendo condenas por delitos contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades, tráfico de menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual serán anexados a un listado de consulta pública creado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que también se encargará de la emisión de certificados de no agresor sexual.
Los diputados también proponen que se modifique el Código Penal para consolidar la figura del perdón del ofendido como causa de extinción de la pena en casos simples de homicidio culposo, lesiones personales y hurto, calumnia e injuria, inviolabilidad del domicilio y secreto, y falsificación de documento. Cabe aclarar que esta medida no procederá en delitos contra la libertad e integridad sexual.
Según su proponente, la extinción de pena mediante el perdón contribuirá a reducir la carga del sistema judicial e incentivará el comportamiento positivo y la resocialización.
Se recomienda también, para cumplir con este objetivo, la creación de un programa de incentivos y oportunidades de empleo a resocializados para combatir y prevenir el aumento y reincidencia de la delincuencia en el país.
Las empresas que participen de esta iniciativa serán beneficiadas con un incentivo sobre la renta gravable del periodo fiscal co rriente del 100% del salario pagado a los trabajadores, que deberán cumplir con una serie de requisitos para ser admisibles, como no haber sido condenados por corrupción de menores, violación sexual o terrorismo.
Otro proyecto que espera la decisión del Ejecutivo es el que modifica artículos de la ley No. 46 de 2013 que crea y regula el sistema de acogimiento como medida de protección temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental bajo el auspicio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), encargada de otorgar la idoneidad a las personas solicitantes y verificar el cuidado a los menores.
Se ordena además establecer un marco legal para la implementación del sistema de captación, aprovechamiento y utilización de aguas pluviales para garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos; y emplear los productos reciclados de neumáticos fuera de uso en las mezclas asfálticas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la reparación de vías a nivel nacional.
Esta alternativa, de acuerdo con los diputados, fomentará la economía circular, disminuirá la contaminación ambiental y mejorará la calidad y costos de la red vial.
Dichos proyectos deben ser analizados por un equipo legal para determinar su viabilidad e improcedencia antes de continuar con el proceso correspondiente.