Juan Carlos Varela reabre cárcel en isla Punta Coco y omite los derechos humanos

Desconociendo la opinión de las Naciones Unidas y el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que se declaraba ilegal el traslado de privados de libertad al centro penal de Punta Coco, el Ministerio de Gobierno procedió ayer con el envío de 12 privados de libertad a dicha cárcel.

Desde agosto de 2015, dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron al Gobierno de Panamá a no trasladar más detenidos a la base del Servicio Nacional Aeronaval en la isla Punta Coco, ubicada a 107 kilómetros al sur de la costa panameña.

"No reúne las condiciones sanitarias necesarias y no depende del Sistema Penitenciario, debe ser reexaminado", era la recomendación de Seong-Phil Hong (grupo de trabajo sobre la detención arbitraria) y Juan E. Méndez (relator especial sobre la tortura).

Además, se pasó por encima del fallo del magistrado de la CSJ Harry Díaz, que tras una inspección en el penal de alta seguridad, dijo que no cumplía con las condiciones para estar en funcionamiento y recomendaba algunas mejorías al mismo.

Decisión

A pesar de los llamados de advertencia internacional, el gobierno de Juan Carlos Varela prefirió hacerle caso al fallo de la CSJ y efectuar modificaciones al centro penitenciario para utilizarlo nuevamente.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial, en la resolución 130-R-089, el Ministerio de Gobierno procedió a realizar las adecuaciones para que el centro penitenciario sea utilizado para los fines que tenían previsto desde el inicio.

A juicio del Gobierno, la medida es para proteger a la sociedad, al igual que la integridad física de las personas privadas de libertad de peligrosidad extrema, pero el abogado Kevin Moncada Luna no comparte dicha idea.'

El Decreto Ejecutivo N.°72 de 30 de mayo de 2018 crea los centros de detención preventiva para personas privadas de libertad de peligrosidad extrema, entre ellos, Punta Coco.

El centro de detención preventiva de Punta Coco fue creado para albergar a privados de libertad de "peligrosidad extrema", pero fue denunciado por defensores de los reos y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus duras condiciones de reclusión y aislamiento.

A mediados de este año, varios reos que cumplían condena en Punta Coco fueron trasladados a cárceles regulares, tras presiones internacionales y de la CSJ en el caso.

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"Esos reos no tienen nada que ver con la delincuencia que azota al país", dijo el abogado Kevin Moncada Luna.

Al igual que él, piensa Juan López, retirado oficial de la Fuerza de Defensa de Panamá, quien asegura que en la actualidad hay una crisis de inseguridad que "puede ser controlable y no precisamente en la cárcel de Punta Coco".

Y es que durante los últimos meses, la inseguridad en Panamá se ha tomado las calles. "Los robos a mano armada son el pan nuestro de cada día, esos tipos de delincuentes no son los que llegarán hasta ese centro penitenciario, y es lo que nos quieren vender con la reapertura del mismo", sostuvo López.

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Cuando la ONU hizo la recomendación a Panamá, la cárcel insular no tenía comunicación entre los reclusos, y se restringe el acceso al mundo exterior dadas las dificultades que enfrentan los familiares para desplazarse hasta la isla.

Ahora se recomienda a los abogados hacer una nueva inspección de la cárcel.