Panamá
Se pensaba que sería un periodo legislativo fácil, sin embargo, el Gobierno ha tenido que retirar 2 proyectos y aún faltan otros de su interés por discutir.
El presidente Laurentino Cortizo estrecha la mano de Jaime Vargas en su toma de posesión el pasado 1 de julio. Foto: Archivo
A pesar de que se esperaba un periodo ordinario en el cual el Ejecutivo podría pasar leyes, al no tener una directiva ‘adversaria’ en la Asamblea, esto no ha sido así y solo en la primera legislatura, ha tenido que retirar dos proyectos de su interés.
Primero, fue el proyecto 1031, que dictaría las nuevas pautas en materia de transparencia y acceso a la información pública, luego que varios gremios de la sociedad organizada advirtieran que este podría representar un retroceso.
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“En democracia hay que escuchar, dialogar, he sido un presidente que entiende lo que es la democracia, la separación de poderes”, dijo el presidente Laurentino Cortizo Cohen al momento de oficializar el retiro del proyecto, decisión que tomó el Consejo de Gabinete, el pasado 14 de septiembre.
En esta semana fue el contrato con Minera Panamá el que fue retirado por el Gobierno, luego de más de un mes de discusión con todos los sectores, y de la recomendación de la comisión de Comercio de la Asamblea, de que se suspendiera su discusión para que se le realice modificaciones.
El Ejecutivo decidió retirarla e informó que se sentará con la empresa para revisar las recomendaciones formuladas por los diputados.
Este contrato no dejó de ser polémico, con protestas en diversos puntos del país, tanto por personas que lo apoyaban como aquellos que lo rechazaban.
¿Qué ha pasado, que el Gobierno no ha podido echar adelante estos proyectos de su interés?
En el caso de los retirados es claro que el rechazo de varios sectores influyó en que el gobierno reculara en su debate, a juicio del expresidente de la Asamblea, Arturo Vallarino.
“Estas devoluciones obedecen a la presión ciudadana en contra de tales propuestas legislativas”, sostuvo el político, quien fue primer vicepresidente de la República en el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004).
Por su parte, el abogado Alfonso Fraguela planteó que los diputados están en modo de sobrevivencia y piensan en como salir reelectos antes que en asumir más costos políticos.
“Ellos saben que la posibilidad de relección pende de un hilo, mientras el presidente (Laurentino Cortizo) está de salida a ocupar su escaño en el Parlacen por derecho propio”, dijo.
Otros proyectos
En la agenda, todavía hay pendientes otros proyectos que son de interés del Gobierno y de los diputados oficialistas.
La nueva reforma electoral sobre la asignación del residuo, la reforma a la ley de carrera administrativa y la extinción de dominio, son proyectos que tienen prioridad.
Sobre la nueva reforma electoral del PRD, que también ha enrarecido el panorama político, esta fue una propuesta del Legislativo que ha generado polémica a pocos meses para las elecciones.
Al respecto, Vallarino tiene la impresión de que van a insistir con esta reforma, porque los diputados consideran que les conviene.
Pero, con referencia a la extinción de dominio, que nuevamente fue presentado por el Ejecutivo, no hay mucha certeza de que los diputados quieran darle su aprobación.
Vallarino opina que a los diputados no les simpatiza el proyecto sobre extinción de dominio, porque cambia las reglas cuando hay sospecha de que los bienes son de procedencia ilícita.
“Los políticos consideran que este nuevo instrumento legal se podría utilizar como herramienta de persecución”, sostuvo.
Para Fraguela, los diputados no están en la línea de ser complacientes con el Ejecutivo, porque saben que esta administración huele a ‘exgobierno’.
“Si ellos creen que una ley puede perjudicarlos, no la aprobarán”, dijo el abogado.
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