Política
La empresa mantiene negociaciones con el Gobierno, exigiendo varios millones de dólares, sin embargo, la obra no presenta el avance esperado.
Un pabellón de La Gran Joya se convertirá, en forma provisional, en la nueva sede de la cárcel de mujeres, debido a las condiciones en que se encuentra el centro femenino. Archivo
Otro proyecto dejado por la administración de Juan Carlos Varela está siendo revisado por el actual Gobierno, debido a una serie de contratiempos presentados en el camino y que podrían perjudicar al Estado.
Se trata de la nueva cárcel de mujeres, que se construye en los terrenos del Complejo Penitenciario La Joya, por parte de la empresa IBT Group, a un costo de $27.6 millones.
La empresa ha presentado varias adendas que las autoridades aún no han reconocido y por las cuales está exigiendo varios millones de dólares.
"Son trabajos adicionales que la empresa dice que realizó con condiciones que aprobaron con la administración pasada, pero nosotros queremos saber si se hicieron estos trabajos", detalló el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El titular no precisó cuántos millones de dólares está reclamando la empresa, pero afirmó que se encuentran en conversación con esta para tratar de llegar a un acuerdo y todo está en la mesa de negociaciones, por lo que no se descarta hasta rescindir el contrato.
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Esta obra fue adjudicada a IBT Group a finales de marzo de 2017 y la orden de proceder fue autorizada el 8 de junio de 2017; sin embargo, el 27 de febrero de este año fue refrendada una adenda de tiempo, por la cual se le da un plazo de 32 meses para entregarla, es decir, en febrero de 2020.
Y por el avance que presenta el proyecto será difícil que se entregue en ese periodo, a lo que se suma la presentación de más adendas por parte de la empresa, incluyendo económicas.
A pesar de que en el primer trimestre del año se había dicho que el nuevo centro penitenciario femenino tenía un avance de 40%, el ministro Romero sostuvo ayer que anda por 35%.
"Queremos buscar es el mejor beneficio del Estado y por eso vamos a velar que los recursos sean utilizados adecuadamente", manifestó la autoridad.
El pasado 6 de agosto, Romero le advirtió al consorcio Cefere Panamá, la intención de rescindir el contrato, por varios incumplimientos de la empresa, entre los cuales mencionaba que a esa altura la obra debería presentar un 78% de avance y en el campo solo se observaba 35%.
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En la nota, Romero le recordaba al consorcio que no es la primera vez que se observaba incumplimiento por parte de este, ya que en agosto de 2018, la Contraloría General recomendó ejecutar la fianza de cumplimiento, debido a que apreció "atrasos sustanciales y la baja productividad de campo".
Hay que recordar que IBT Group, también mantiene un litigio con el Ministerio de Salud, por la paralización hace un año, de la construcción de cuatro hospitales, exigiendo un pago cercano a 100 millones de dólares por supuestos ajustes de precios.
Este proyecto se suma a otros que han sido revisados y hasta modificados por el nuevo Gobierno, heredados del anterior.
Todavía se está a la espera del nuevo diseño, por ejemplo, que tendrá el Cuarto Puente sobre el Canal, al cual, lo más seguro se le sustraerá la Línea 3 del Metro.
El corredor de playas y la ampliación de la Tumba Muerto son otros proyectos que están bajo la lupa en esta administración.
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