Panamá
La obligatoriedad de adquirir las sillas, sin considerar el nivel de ingresos de las familias, llevó al presidente Mulino a vetarlo en forma total.
El presidente ya había anunciado que lo más probable es que vetaría el proyecto, como había solicitado la diputada que lo presentó. Foto ilustrativa
Tal como lo anunció semanas atrás, el presidente José Raúl Mulino vetó en forma total el proyecto de ley que regulaba el uso de sillas retenedoras en automóviles particulares, al mismo tiempo que también objetó otros dos proyectos de ley enviado por el Órgano Ejecutivo.
Uno fue el proyecto 136, presentado por el diputado de Vamos, José Pérez Barboni, que establecía la obligatoriedad de legislar con base en evidencia en la creación de tributos, el cual recibió veto total.
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También, fue objetado en forma parcial el proyecto 165, presentado por el panameñista Jorge Luis Herrera, que establece mayor pena en delitos de hurto de motores fuera de borda.
Impacto
En el caso del proyecto 52 de las sillas de retención, presentado por la dipuda de Vamos, Yarelis Rodríguez, el mandatario consideró el impacto socioeconómico y comercial del proyecto, adicional a un conflicto de competencia con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
Además, considera que contraviene el artículo 19 de la Constitución, que reza que no habrá fueron ni privilegios para nadie; el artículo 24, de igualdad ante la ley, y los artículos 18 y 32, que indican que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley, y que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal y administrativa, respectivamente.
“La iniciativa de ley propuesta no garantiza un equilibrio adecuado entre la equidad social, la institucionalidad y la sostenibilidad normativa y económica”, concluye Mulino en su informe sobre el veto.
Hay que recordar que, luego de su aprobación en tercer debate, este proyecto fue duramente criticado por lo costoso que podría ser su ejecución para los ciudadanos.
Las críticas llevaron a la diputada proponente a solicitarle al presidente Mulino que no lo sancionara.
Dualidad
Sobre el proyecto de Pérez Barboni, el Ejecutivo consideró que establece nuevas funciones que afectan la capacidad administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas, crea dualidad de funciones y contraviene la Carta Magna.
La propuesta disponía que la Contraloría entregara a la Asamblea Nacional, antes del segundo debate del proyecto de ley, el informe sobre la efectividad de las normas fiscales, cuando se trate de leyes que deroguen o modifiquen ingresos comprendidos en el presupuesto, lo que riñe con el artículo 276 de la Constitución.
Sobre el proyecto de los motores fuera de borda, que sube las penas por hurtos hasta 1,000 dólares, Mulino plantea que dejaría sin respuesta penal muchos hurtos que, aunque tienen penas menores en monto, tienen un impacto significativo en los pequeños productores, por lo que contradice leyes que buscan proteger y apoyar al productor nacional
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