Proyecto que buscaba regular pruebas caseras de covid-19 es vetado por el presidente Nito Cortizo
La propuesta buscaba comercializar las pruebas y que fueran accesibles a la población a bajo costo. Fue debatida en momentos en que los casos se disparaban por la variante ómicron.
En Panamá, estas pruebas solo tienen un valor orientativo. Foto ilustrativa
El presidente Laurentino Cortizo vetó el proyecto de ley que buscaba regular las pruebas caseras para la detección del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
La propuesta de la vicepresidenta del Legislativo, Kayra Harding, buscaba que se comercializara estas pruebas a bajos costos para la población.
Sin embargo, a juicio del equipo legal de la Presidencia de la República, la entidad encargada de regular todo lo concerniente a los dispositivos médicos de diagnóstico en la actualidad es el Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública del Instituto Conmemorativo Gorgas, por lo que es el encargado de regular la materia.
Además, en el proyecto de Ley No. 752 se establece que el único requisito para la obtención del registro sanitario para los interesados en importar las pruebas es el certificado de libre venta, lo que va en contra de las normas existentes.
Por otra parte, el Ejecutivo advirtió que el resultado de una prueba autoaplicada únicamente es considerado como orientativo, sin valor diagnóstico, tal como se expresa en el Decreto Ejecutivo No. 5 de 24 de enero de 2022, que autoriza el uso las pruebas auto aplicadas para detectar la COVID-19 y el funcionamiento de los centros de hisopados, que fue promulgado a la par en que se abordaba este tema en la Asamblea.
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Finalmente, el mandatario considera inconveniente la iniciativa legislativa, debido a que “solo propiciaría conflictos de competencias entre instituciones públicas y además porque sus disposiciones contienen incongruencias y vacíos que imposibilitarían su correcta aplicación”.
También, porque el proyecto pretende autorizar actividades que, además de ya estar autorizadas, “no se desarrollan en su contenido, como la importación, comercialización y distribución de las pruebas auto aplicadas”.
El proyecto fue propuesto en momentos en que el país vivía la cuarta ola de la pandemia, provocada por la variante ómicron que disparó la incidencia de casos diarios de covid-19 a más de 10 mil por día.
Esta ola ya pasó y las pruebas de diagnóstico siguieron siendo las tradicionales, reguladas y controladas por las autoridades públicas de salud.
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