La posición excluyente que manejó la Concertación para elaborar el paquete de reformas constitucionales, ha quedado en evidencia con los aportes sustanciales que están haciendo diversos sectores.
Abogado Alfredo Vallarino propuso puntos específicos para evitar que casos de alto perfil paralicen el sistema. Foto de Víctor Arosemena
En una nueva sesión de consultas ciudadanas al paquete de reformas constitucionales, que ayer se abrió en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN), volvió a quedar en el tapete la posibilidad de que el documento que trabajó el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, y que el Ejecutivo presentó tal cual, podría sufrir modificaciones drásticas al ser expuesto ahora a opiniones que no tuvieron cabida en la instancia que elaboró el documento base.
La exclusión de diversos sectores de la realidad nacional que hizo la Concertación, bajo el pretexto de que en la Asamblea todos podrían ir a aportar ideas, desde un inicio recibió críticas.
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El abogado Ulises Calvo fue uno de los que señaló que el paquete de reformas llevado a la AN, en el fondo tiene "poca o ninguna discusión sustantiva... con una perspectiva que desdeña y controla la participación popular".
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Pero esa participación popular ha encontrado cabida ahora con las sesiones que inició la Comisión de Gobierno en el interior del país (Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro) y que ayer convocaron en la sede de la Asamblea a voceros de periodistas, de partidos políticos y de abogados.
Por ejemplo, el jurista Alfredo Vallarino, en representación de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (Apap), remarcó las deficiencias que hay en la propuesta sobre la forma como se deben investigar y juzgar a los diputados.
Vallarino, quien formó parte del equipo legal que logró demostrar la inocencia del expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los supuestos pinchazos, recordó que este proceso demoró más de 4 meses, y que paralizó al Sistema Penal Acusatorio (SPA), incidiendo en la ya criticada mora judicial.
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"Si este caso hubiese sido llevado por la Corte Suprema de Justicia, se hubiera podido paralizar cuatro meses en un juzgamiento. Entonces, obviamente eso no sirve. No importa cuán bonito esté escrito ese modelo, no sirve", señaló.
Sobre las actuales reformas, Vallarino también criticó que se mantiene el modelo de juzgamiento de diputados y de otras instancias, "ante personas que desconocen el derecho penal y el derecho procesal penal".
Y concretamente lanzó la propuesta de la Apap, "que sugerimos que lo único que se haga en la Corte sea un requisito de procedibilidad", para que la justicia sea fluida y no provoque la paralización del sistema.
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Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, también reveló otras sugerencias que ya han recibido en las consultas públicas, y que podrían suponer importantes cambios al paquete de reformas que llegó a la AN.
Propuestas como limitantes al "absoluto poder y control" actual que ejerce el Ejecutivo sobre los otros órganos del Estado.
También dijo que han salido temas como elevar la descentralización a rango constitucional. O que la labor fiscalizadora deje de ser solo de la Contraloría, y que la comparta con la Fiscalía de Cuentas.
"Han salido propuestas que vale la pena que sean consideradas, y esa es nuestra labor en la Comisión de Gobierno", expresó el diputado Leandro Ávila.
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