Solís, un contralor silenciado por el poder

Gerardo Solís asumió el cargo de contralor general de la República en enero de 2020 dando muestras inmediatas de sumisión al poder político y económico. Las veces que tuvo la oportunidad de defender los intereses del Estado en caso relevantes, el contralor ha demostrado tomar la partida contraria, según sus críticos.

Solís, de raíces política en el partido de Gobierno, el PRD, incluso ha sido incongruente con sus propios discursos. Una muestra de ello fue su actuación en el contrato del hospital modular dado de forma directa a la empresa Smart Brix por 6.5 millones de dólares durante los primeros meses de la pandemia de covid-19.

Las primeras declaraciones de Solís fueron encaminadas a revisar el cuestionado contrato e incluso propuso someterlo a una consulta ciudadana.

Pero el poder político parece haberlo doblegado ya que el hospital fue gestionado por el círculo de poder del presidente Laurentino Cortizo, el vicepresidente José Gabriel Carrizo y el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge.

Para el 4 de septiembre de 2020, Solís sorprendió a la población panameña ratificando de manera expedita el contrato del hospital modular señalando que el Estado "pagará el precio justo y razonable" por el hospital modular, cuyo funcionamiento ya entró en fase de cierre.

Incluso Solís salió a defender al proveedor de los módulos afirmando que los módulos colocados en la obra no eran de segundo uso.

"Existe evidencia documental que permite razonar que los módulos contratados no son de segunda mano", dijo el contralor en la sustentación de su refrendo.'

$6.5

millones fue monto del contrato refrendado a la empresa Smart Brix, para la construcción del hospital modular.

25

años fue el plazo de la renovación de la concesión a PPC.

El contralor Solís también guardo silencio cómplice ante el cúmulo que contrataciones directas y cuestionadas que se manejaron en pandemia como las millonarias compras de las pruebas covid obligatorias en el aeropuerto a favor de la empresa Jers Medical y las camas hospitalarias dadas a la empresa Health Care.

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En contraste, fue el Ministerio Publico que por la presión pública decidió abrir una investigación de oficio en el caso de la empresa Jers Medical de la que no se conocen aún resultados y nombres de los responsables detrás de la empresa.

En otro episodio, Solís volvió a decepcionar a la población panameña en su oportunidad de poner en cintura a la empresa Panamá Ports, señalada de haber faltado en el pago de dividendos al Estado por la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. El abogado Pedro Meilán habló de más de 700 millones de dólares en la denuncia por ocultación de bienes contra el Estado, la cual fue admitida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Pero el Contralor intervino y puso final a cualquier reclamo el Estado contra PPC. El 4 de febrero de 2021, Solís una vez más decepcionó a decir en conferencia pública que de acuerdo a una auditoría realizada por la Contraloría, PCC hizo inversiones por mil 695 millones de dólares en los puertos. Dijo que esta cifra fue mucho mayor a lo acordado en el contrato.

Esa declaración fue la luz verde para que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tuviera luz verde para invocar a la renovación automática del contrato de PCC por 25 años más, lo cual se concretó el 23 de junio de 2021.

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Hoy día, Solís sigue causando controversias con sus decisiones inclinadas a su posición política e intereses económicos. Este es el caso de los gastos de movilización en las juntas comunales.

El 5 de enero, Solís dijo en el pleno de la Asamblea Nacional que los gobiernos locales tenían autonomía para disponer de los fondos y asignarse este tipo de beneficios.

Pero el rechazo generalizado parece haberlo hecho recapacitar por primera vez en el puesto: Solís anunció la eliminación de las partidas los estos gastos de movilización de alcaldes y representantes de corregimientos. El contralor solo dijo que su cambio obedeció a su "cultura de corrección".

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