Abogado de Pérez Balladares cuestiona a la SIP por postura permisiva

Hacer una reflexión interna sobre cuál es el papel de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)  tanto en el ámbito doctrinal como en el contexto del respeto a la ley de los países es la solicitud que el abogado  José María Castillo le elevó al presidente de este organismo, Roberto Rock.

Castillo reaccionó ante la preocupación de la SIP a la eventual consumación de 20 demandas penales y civiles contra el diario La Prensa por más de $60 millones por parte figuras públicas, entre ellos la del expresidente Ernesto Pérez Balladares y la exprimera dama, Marta de Martinelli.

El abogado recalcó que cuando hay una autorregulación moral y ética correcta, no habrá necesidad de jueces, fiscales, derecho penal o condenas.

"Pero si el ejercicio del periodismo que está promoviendo la SIP, va dirigido a la defensa personal de los sentimientos y emociones de los dueños de los medios de comunicación, entonces simplemente va a haber una situación en la que seguirán recibiendo demanda", destacó.

Además  recuerda que en el caso de su representado, Pérez Balladares, fue evidente que al segundo día ese diario se dio cuenta que la noticia publicada fue un grave error. Sin embargo, no tuvo la capacidad de disculparse y menos publicar una aclaración en debida forma. 

Por si no lo viste

Desarticulan ruta VIP en Darién, por la que los chinos pagan hasta $8 mil

Evalúan alternativas para sustituir el Fondo Solidario de Vivienda

Respaldo de Colón 2000 a monopolio de Monjasa viola leyes panameñas

La demanda surgió por publicaciones de los días 20 y 21 de marzo de 2011, donde se aseguraba que Pérez Balladares había movido cerca de $176 millones en una cuenta de Banistmo, en Bahamas, cuando la realidad era una cuenta madre del citado banco, donde figuraban transacciones de todos los clientes.

"Quisiera saber qué opina la Sociedad Interamericana de Prensa sobre este insólito caso y asumimos que la SIP concuerda con que toda persona natural o jurídica que cometa un error, está en la obligación de repararlo y es que si se cumpliera con este deber, jamás se tendría que llegar a las instancias judiciales", expuso.

Asimismo indicó que el ejercicio del derecho en un juzgado, no puede considerarse como un acoso. 

En este sentido señaló que acoso es una campaña mediática que se organiza contra una persona que es considerada enemigo por el dueño del medio y que se dedica a utilizar su medio para extorsionarlo, difamarlo, degradarlo frente a su familia y la sociedad de su entorno. 

"Eso sí es considerado como una falta grave y en ese escenario, la SIP está obligada a instruir un ejercicio correcto del medio de comunicación que ha dejado a un lado la ética", destacó Castillo.