Araúz: Pacto de Estado por la Justicia ha dejado de ser 'funcional'

La próxima designación de dos nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha reabierto el debate sobre la funcionalidad del Pacto de Estado por la Justicia, un mecanismo creado en 2005 para reestructurar el sistema, haciéndolo más transparente y eficiente, sin embargo, con el paso de los años ha quedado evidenciado que esto no ha sido posible provocando que la desconfianza de los ciudadanos en el poder judicial siga creciendo.

Para Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, esta herramienta ha dejado de ser funcional porque, en lugar de ofrecer una visión de la institucionalidad más robusta, ha sido la "excusa perfecta" de los gobiernos para no promover cambios en materia de justicia. Además de que nunca debió pensarse como algo eterno sino temporal.

Mencionó que, en el caso de las designaciones de los magistrados, la Comisión de Estado por la Justicia, cuyo propósito es establecer un proceso "transparente" de preselección de los aspirantes, precisamente carece de esta característica porque no permite conocer con puntuación real cómo se pasa de una lista larga a una corta lo que genera conflicto entre los participantes.

Araúz considera que no se debe alentar a los profesionales a participar en este proceso de selección cuando se ha comprobado que su mecanismo no garantiza un concurso "verídico" por los puestos, y la Constitución faculta al Ejecutivo a realizar dichos nombramientos bajo criterios propios, por lo tanto, lo más recomendable es que se ejerza este derecho y la Asamblea Nacional sea quien estudie las capacidades de los elegidos.

"Participé como miembro del Pacto en todos los procesos de selección de todos los cargos a magistrado de la Corte en los 5 años anteriores y con esta experiencia puedo decir que es momento de no engañar más a los aspirantes a estos cargos", comentó a Panamá América.

El jurista reiteró que un pacto político no se puede heredar, por lo tanto, la idea de que este organismo es una institución más del Estado es incorrecta. Cada gobierno tiene la obligación de promover compromisos concretos y políticas públicas en materia de justicia para eficientizar el sistema.

"La realidad es que la justicia fue abandonada por los políticos y por eso no se logra confianza de la ciudadanía en sus esfuerzos", dijo.

Señaló que desconoce el legado que desea dejar el presidente José Raúl Mulino en la administración de justicia, pero al ser un experimentado abogado debe haber identificado de manera clara lo que está "mal" y requiere modificaciones puntuales.

El Pacto de Estado por la Justicia, en este sentido, parece ser una de ellas, pues el mandatario ha reiterado que no lo convocará como apoyo a sus designaciones porque lo cree un mecanismo "muerto".

Mulino expresó que hará uso de la facultad que le confiere la Constitución para designar a quienes considera harán una "buena misión" en la Corte, aclarando que no serán parte de su círculo cercano.