Gobierno flexibilizó los objetivos iniciales del programa dirigido a captar miembros activos en la subcultura de la pandilla o de alto riesgo social.
La ausencia de resultados tangibles, y el cierre abrupto de Barrios Seguros, dejó muchas dudas sobre la efectividad del programa insignia de la administración del expresidente Juan Carlos Varela para combatir el pandillerismo y el crimen organizado durante el quinquenio 2014–2019.
Solo una cuarta parte del total de los beneficiados e inscritos en el programa, logró una inserción laboral efectiva, según el informe publicado por el Ministerio de Seguridad Pública, al cierre de su gestión.
Según el registro interno, el programa Barrios Seguros, al 28 de diciembre de 2018, captó a nivel nacional un total de 5 mil 442 beneficiarios, logrando apenas una inserción laboral de mil 351 personas.
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Los resultados del programa para el cual el Gobierno destinó cerca de 10 millones de dólares, 3 millones en pago de bono de $50 dólares a supuestos pandilleros, tampoco le auguró un futuro en el gobierno entrante.
El ministro de Seguridad, Rolando Mirones manifestó su rechazo al modelo escogido de entregar subsidios y fondos públicos a pandilleros.
Para el investigador social, Gilberto Toro, la pérdida de la confianza, credibilidad y respeto en el programa fue el principal detonante que afectó los resultados del mismo, refiriéndose a la promesa de empleo, oportunidades y amnistía, punta de lanza del programa que se estrenó en 2014.
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"Lo que se promete no se negocia. Se prometió empleo y la demanda superó las oportunidades laborales, se prometió amnistía y muchos de los miembros de pandillas que se inscribieron perdieron incluso su libertad, tras la puesta en marcha de la Ley Antipandilla", detalló el especialista.
Toro sostiene que el incumplimiento de las promesas del gobierno, generó un rechazo por parte de los jóvenes, y muchos dejaron de asistir a los centros.
"Barrios Seguros se convirtió en cuchillo para su cuello, al momento en que se inscribieron", agregó.
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"A las más de 200 pandillas que operan el país, les convocamos a una amnistía hasta el 1 de agosto para que entreguen sus armas, corten sus vínculos con el crimen organizado y pasen a la vida formal de este país", dijo Varela, al asumir el cargo en 2014, y que aseguró tuvo como resultado el desarme de más de mil pandilleros.
El especialista explicó que para un 'tumbador' de droga o alguien asociado a un grupo del crimen organizado, un bono de $50 dólares no significaba nada, citando la organización denominada 'Pentágono' como los más difíciles de ingresar a un programa de resocialización por los niveles de autosuficiencia que alcanzó, a través de los años.
"Un sicario puede cobrar entre 3 mil dólares y 10 mil dólares, dependiendo del encargo. Esto indica que la delincuencia es más lucrativa que un bono de 50 dólares", advirtió.
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"Para la mayoría, no representaba más que una propina, de la cual muchos aprendieron a vivir para evitarse problemas con las autoridades, pero también generó más espacio para las actividades delincuenciales", sostuvo Toro, al referirse al canje de los bonos por dinero en efectivo.
A juicio de Toro, 500 horas medidas como charlas, dinámicas, juegos y preparación espiritual, tampoco garantizarán la reingeniería de una persona que vive en el crimen.
La sociedad en general también perdió la confianza en el programa, pese a las estadísticas que presentó el Gobierno Nacional en cuanto a la reducción de los índices de criminalidad en los diferente barrios.
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El programa Barrios Seguros estaba dirigido a intervenir a 192 pandillas identificadas al 2014, con unos 5 mil integrantes de edades entre 8 y 29 años, la mayoría dedicada a delitos como secuestro, robos, tráfico de drogas y extorsión, mientras que para 2018, el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (Siec) registró 152 pandillas, de las cuáles 93 se reportaron como judicializadas.
Para el psicólogo Jesús López, a lo anterior se suma, la concepción errada sobre la población que se intentaba intervenir. "Barrios Seguros no tuvo definida la población de interés, tampoco tuvo claro si los participantes eran miembros o no de pandillas", dijo López.
"Si esos graduados no eran pandilleros, entonces solo quedó en una asistencia social para jóvenes en situación de riesgo, que no incidían ni en violencia ni en los índices de delincuencia", afirman especialistas.
Así también consta en el informe de cierre del programa, donde el ministerio de Seguridad Pública reconoció la necesidad de un mecanismo científico para recabar datos reales que revelaran el verdadero alcance del problema en el país, a través de la integración de los informes de registros policiales y civiles.
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El documento, también destaca la necesidad de propiciar estudios de evaluación de resultados.
Tanto Toro como López, coinciden en que las intervenciones de los últimos tres gobiernos en tema de pandillas no han logrado culminar con éxito para medir los resultados, y el Gobierno de Juan Carlos Varela no fue la excepción.
"Los estudios, investigaciones e intervenciones no trascienden administraciones en un sistema político partidista", concluyó.
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El ministro de Seguridad, Rolando Mirones, señaló en su plan de gobierno varias iniciativas para combatir los índices delincuenciales, entre estas crear empresas barriales para darle oportunidad a personas para que no estén involucrados en temas de violencia y la reapertura del Instituto Militar General Tomás Herrera (Tomasito).
Las cifras de delitos de alto impacto, como homicidio, aumentaron en 2.9% en 2018, con respecto al 2017, y 9.5% las lesiones personales.
En tanto, delitos como el hurto disminuyó en 16.2%; los robos a mano armada bajaron en 9.7%; mientras que los robos simples registraron una baja de 12.6%.
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