CSS lanza campaña informativa sobre la Ley 462

La Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá lanzó este miércoles una campaña en medios para explicar "la verdad" sobre la reforma a la seguridad social, frente a lo que consideró una operación "sistemática de mentiras" para desvirtuarla y en medio del rechazo de sindicatos que mantienen un paro que afecta primordialmente a la educación pública.

"La verdad sobre la Ley 462 de la CSS: ¡No te dejes engañar!" es el título de un escrito publicado en los medios locales, que señala la "mentira" y la "verdad" sobre los alcances de la reforma, aprobada por 48 votos en el Parlamento unicameral, de 71 escaños, a propuesta del Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino.

El Gobierno sostiene que la reforma respaldada por los legisladores dista mucho de su propuesta original - que incluía entre otras medidas polémicas y finalmente abortadas elevar la edad de jubilación - pero que es suficiente para paliar la crisis financiera de un sistema agotado, cuya reformulación fue esquivada por los tres gobiernos anteriores para evitar el costo político asociado.

Las cúpulas sindicales del sector público de la educación, así como de los obreros de la construcción, rechazan la modificación y exigen, para levantar el paro, su derogación total, alegando una desmejora de las pensiones, la privatización del sistema y un aumento velado de la edad de jubilación.

El presidente Mulino descarta que se elimine la reforma, alegando no solo los beneficios para la población asegurada y pensionada, sino su impacto en el sistema financiero y en el perfil crediticio del país en los mercados internacionales.

"Aquí te ofrecemos elementos objetivos con base en la ley y desenmascaramos punto por punto esas falsedades con hechos, argumentos y pruebas, para que tú, ciudadano panameño, veas la realidad", dice el texto de la CSS.

Así, se tilda de "mentira" afirmaciones como que "el nuevo sistema reduce el monto de las jubilaciones" o "los beneficios para las viudas", y como "verdad" que la reforma "no aumenta la edad de jubilación" o que "no toca en lo más mínimo al subsistema exclusivamente de beneficio definido (SEBD), que cubre a todos los pensionados actuales y a unos 600,000 cotizantes. ¡Nadie pierde su pensión!".

El paro impulsado por los sindicatos izquierdistas de docentes del sector público y de la construcción se ha desarrollado de manera irregular y acompañado por protestas callejeras, que terminan en enfrentamientos con la Policía cuando se obstruyen arterias viales nacionales o avenidas cruciales para la movilidad en la capital. Hay denuncias de abuso policial y también de los manifestantes, especialmente de encapuchados que apedrean autos y transeúntes.

Algunas asociaciones de trabajadores del sector público han secundado el paro, pero en general el país ha seguido funcionando aunque con alertas de una caída de clientes en los sectores de comercio o turismo.

La peor parte la sufre la provincia de Bocas del Toro, donde la transnacional Chiquita -la principal empleadora de la región- despidió a 4,800 jornaleros y suspendió indefinidamente sus actividades alegando pérdidas por más de 75 millones de dólares debido a un paro del sindicato bananero, que reclama que la reforma a la seguridad social afectó los beneficios exclusivos de su sector plasmados en una legislación aparte y conocida como la Ley 45.

En Bocas del Toro los manifestantes mantienen bloqueos que han sitiado a la provincia y el Gobierno decretó el martes el estado de emergencia para autorizar contrataciones excepcionales "para las compras y los proyectos que consideren cruciales para la recuperación económica" de la región, sin que esta declaratoria implique la suspensión de garantías fundamentales ni de derechos constitucionales, de acuerdo con la información oficial.