PANAMÁ
Ambas partes decidieron suspender el arbitraje, en nota enviada al Tribunal de Contrataciones Públicas, el 5 de julio. Abogado pide que se haga público el acuerdo que debe ser refrendado por Contraloría.
Fueron 27 mil metros cuadrados los que se habilitaron de la Ciudad de la Salud para la atención de pacientes con covid-19. Archivo
Una vez conocido que la Caja de Seguro Social (CSS) y FCC Construcción, S.A. decidieron poner fin a la relación contractual para construir la Ciudad de la Salud, el director general, Enrique Lau Cortés, afirmó que esto no representó ningún costo adicional para la institución.
Por el contrario, de acuerdo con Lau Cortés, la empresa devolvió a la CSS $1.2 millones, sin especificar la razón.
"Los elementos de riesgo por daños ocultos están cubiertos por una fianza de $33.9 millones más otra de $140 millones que todavía está vigente y que continuará al término de la obra", detalló el director de la CSS.
La orden de proceder de este complejo hospitalario fue autorizada el 25 de mayo de 2012, sin embargo, luego que el contratista no cumpliera con la última extensión que se hizo al contrato hasta el 6 de mayo de 2021, la CSS decidió rescindirlo el 3 de diciembre de 2020.
Luego de esta acción administrativa, la empresa presentó su respectiva apelación, mediante su apoderado legal, la firma de abogados Morgan & Morgan, el 30 de diciembre de 2020 ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
El monto original por el que fue firmado el contrato era de $587.5 millones, sin embargo, en declaraciones anteriores de Lau Cortés, llegó a manifestar que después de todo este tiempo, el costo podría estar por $792 millones.
Con este acuerdo, los nuevos contratistas: Constructora Rigaservices, S.A., Aprocosa (Administración de Proyectos de Construcción, S.A.) y CMG (Construction Managment Group, S.A.,) tendrán que cumplir con lo establecido en el contrato original.'
El proyecto consiste en cuatro fases, sin embargo, las tres primeras no fueron terminadas y la última (hospital pediátrico) ni siquiera había comenzado su construcción.
Por $27 millones se habilitó un espacio para instalar 300 camas para pacientes con covid-19 de moderados a críticos.
La intención es que la obra esté concluida antes de que culmine la gestión de Laurentino Cortizo, en junio de 2024.
Mafre Panamá, S.A. y Assa Compañía de Seguros S.A. son las empresas afianzadoras del proyecto que se ubica en la vía Centenario.
"Ahora tenemos que suscribir el convenio de transacción y someterlo a refrendo de la Contraloría, para entonces proceder a que entren los que van a desarrollar la obra y nosotros podamos hacer todos los ajustes pertinentes, porque los que entran a construir tienen que cumplir con los mismos requisitos del contrato original", sostuvo Lau Cortés.
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Para Ernesto Cedeño, abogado experto en contrataciones públicas, debe hacerse público el acuerdo llegado entre FCC y la CSS, del cual solo se conoce la solicitud que ambas partes hicieron al Tribunal de Contrataciones Públicas, el pasado 5 de julio, para suspender el arbitraje por un mes.
El abogado recordó que la CSS hizo un anticipo de $33 millones por el arbitraje solicitado por el contratista y no se sabe que ocurrió con este dinero.
De los contratistas nuevos, Rigaservices, S.A., fue la empresa que habilitó dos pabellones de la construcción para la atención de pacientes con covid-19.
De acuerdo a las autoridades de la CSS, esas edificaciones luego serán utilizadas para el Instituto Cardio Torácico, que forma parte del diseño original.
Con el acuerdo, FCC se salva de quedar inhabilitada para contratar por tres años con el Estado, como dictaba el resuelto tercero de la Resolución 296, mediante la cual la CSS decidió resolver el contrato.
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