Dino Mon afirma que el menos un 14 % del personal del seguro social de Panamá sobra

Al menos 5.000 de los más de 35.000 trabajadores de la Caja del Seguro Social (CCS) de Panamá, o el 14 %, están de más o no ejercen sus labores, afirmó su director, Dino Mon, que asegura que la reforma a la ley que rige al ente acabará con las "excusas" para prescindir de ellos.

Sobre las "botellas" que hay en la CSS. Así se llaman en Panamá a los funcionarios que son contratados solo para pagar favores políticos o clientelismo, por lo que generalmente no son necesarios en los organismos. En la medida que su inutilidad es mayor, se les llama "botellón".

La plantilla laboral de la CSS cuenta con 35.450 empleados a un costo de 1.100 millones de dólares al año y "fácil, pero fácil, hay 5.000 funcionarios de más en todos los departamentos, incluidos médicos que no trabajan", asegura el director.

Con la nueva ley del Seguro Social, aprobada el jueves por el Parlamento y que se espera sea sancionada en los próximos días por el presidente panameño, José Raúl Mulino, "habrá sanciones" para los que no vayan a trabajar, una posibilidad que con la legislación aún vigente no existe, asegura.

Además, los sindicatos no podrán seguir interfiriendo en las decisiones de la directiva de la Caja, que "ya no tendrá excusa para mantener a las 'botellas'", añadió en una entrevista a un diario local.

Mon sostuvo que su administración, que comenzó en octubre de 2024, ha cesado a 730 funcionarios del organismo, entre "contratados temporales y botellas", que no estaban protegidos por fueros laborales.

Sobre la reforma a la Ley Orgánica de la CSS aprobada por el Parlamento, Mon señala que "no es ni la mejor ni la peor" pero "salva por seis años" al programa de Invalidez, Vejes y Muerte (IVM), uno de los dos sistemas de pensiones vigente y que está quedando sin fondos.

La propuesta original de reforma presentada por el Ejecutivo instauraba un aumento de tres años en la edad de jubilación para garantizar los fondos de las pensiones, pero esto fue eliminado por los diputados, que establecieron que el asunto será revisado dentro de 6 años.

Mon atribuye ese resultado "a la desconfianza" pues "nadie creía en el estudio de nadie", pero le "tranquiliza" que la reforma establece la obligatoriedad de hacer por los próximos 6 años "estudios actuariales independientes que repetirán lo mismo: la edad debe subir, es inevitable. pero si eso ayuda a generar confianza, listo".

Además de supeditar la edad de jubilación - 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres - a estudios actuariales anuales, los cambios aprobados contemplan la aportación anual por el Estado de 966 millones de dólares a fin de cubrir el déficit que arrastra el programa IVM.

Entre las modificaciones ratificadas están un aumento escalonado del 3 % en el aporte de las empresas, no el de los contribuyentes, y una tasa de reemplazo mínima del 60 % sobre el salario promedio base de la pensión por vejez.

La propuesta de cambios a la Seguridad Social levantó polémicas en Panamá con manifestaciones en las calles de sindicatos de izquierda en los últimos meses, un amplio debate público y peticiones de modificaciones por parte de la empresa privada.

Los sindicatos izquierdistas han anunciado acciones de calle durante la próxima semana y un paro de la educación el 21 de marzo para expresar su rechazo a la reforma que, afirman acaba con el sistema solidario vigente y privatiza la seguridad social.