Extranjeros agudizan hacinamiento en las cárceles panameñas

Los centros penitenciarios del país enfrentan una situación complicada, sus infraestructuras se han quedado pequeñas frente a la cantidad de personas que diariamente ingresan al sistema, afectando la calidad de vida de los detenidos.

La población carcelaria hace 10 años era de 14 mil privados, cifra que se ha duplicado con el paso del tiempo hasta llegar a más 25 mil, esta comparativa además de evidenciar el colapso de dichas instalaciones, demuestra que los hechos delictivos en el país han ido en aumento.

Sin embargo, los panameños no son los únicos protagonistas de estas ilegalidades, a las autoridades les preocupa que gran parte de la población carcelaria está compuesta por extranjeros.

Ciudadanos que deberían ser retornados a sus países de origen para cumplir sus condenas, pues no solo contribuyen al hacinamiento, sino que también se convierten en una carga para las instituciones de justicia, y por ende, el Estado.

"Los privados extranjeros no hacen nada aquí, deben estar en sus países", recalcó Ángel Calderón, secretario general del Ministerio de Gobierno.

Mencionó que dentro del sistema hay más de 1,500 privados extranjeros, la mayoría de origen colombiano, es decir, unos 1,100 ciudadanos.

Además, la problemática se agrava al considerar la salud de varios de estos internos, situación que está siendo evaluada por las autoridades, ya que, podrían convertirse en un riesgo para el resto de los detenidos y su condición podría complicarse aún más.'

De acuerdo con el secretario general del Ministerio de Gobierno, Ángel Calderón, los privados extranjeros no hacen nada aquí y deben estar en sus países.

La problemática se agrava al considerar la salud de varios de estos internos, situación que está siendo evaluada por las autoridades, ya que, podrían convertirse en un riesgo para el resto de los detenidos..

La institución trabaja en la agilización de informes de medicina legal que certifiquen que efectivamente el privado tiene un padecimiento que le impide realizar trabajos de conmutación de pena, con el fin de que se les otorgue un reemplazo de medida.

"Estamos viendo cómo vamos sacándolos porque tenerlos enfermos en el sistema no es la mejor opción, se van a morir, y la responsabilidad nuevamente va a ser del Estado", afirmó Calderón.

En este sentido, la institución trabaja en la agilización de informes de medicina legal que certifiquen que efectivamente el privado tiene un padecimiento que le impide realizar trabajos de conmutación de pena, con el fin de que se les otorgue un reemplazo de medida como la puesta de un brazalete electrónico.

Pero aclaran que estas medidas serán únicamente para "enfermos que realmente estén padeciendo situaciones graves y hayan sido condenados".

Según cifras estimadas del representante del Ministerio de Gobierno, la cantidad de privados enfermos entre nacionales y extranjeros podría ubicarse entre 1,000 y 2,000.

Los padecimientos más comunes son: presión arterial, diabetes, cáncer y tuberculosis.

Con respecto a esta última enfermedad, las autoridades aún analizan el otorgamiento del cambio de condena, pues consideran que es más fácil controlarla dentro del penal que afuera, en donde el privado se puede convertir en un agente multiplicador.

"Con la tuberculosis sí hay que tener mucho cuidado y adecuación porque puede ser peligroso", afirmó Calderón.

De acuerdo con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, cada detenido le cuesta al Estado entre 36 y 40 dólares diarios en condiciones normales, es decir, sin afectaciones físicas ni complicaciones de salud.

En caso de presentar algún padecimiento, el costo puede aumentar entre 75 y 100 dólares diarios.