Isabel de Saint Malo señaló que los migrantes merecen un trato digno como seres humanos, sin embargo, el Gobierno de Juan Carlos Varela actúa de otra forma.
Juan Carlos Varela prohíbe protestas frente a su hogar y detiene a quienes hablen mal de él. Archivo
El gobierno del presidente Juan Carlos Varela se contradice en sus señalamientos de que es una administración respetuosa de los derechos humanos, tanto de sus nacionales como de extranjeros.
Mientras, por un lado, ha firmado una variedad de acuerdos internacionales referentes a este tema, a lo interno se siguen dando violaciones a derechos fundamentales de adversarios políticos y personas comunes que no son del agrado de esta administración.
Recientemente, la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo, justificó la firma del Pacto Global por la Migración de la ONU aduciendo que "los migrantes merecen un trato digno porque son seres humanos, siendo esta una de las razones por las cuales se firmó este convenio".
Sin embargo, el Gobierno obvia este mismo trato cuando se trata de adversarios políticos que enfrentan procesos o de algunos detenidos que, a pesar de los delitos que han cometido, merecen ser tratados con dignidad, como han dicho algunos abogados.
En reiteradas ocasiones, los abogados del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal han manifestado que su defendido no está recibiendo un trato digno en el centro penitenciario El Renacer, donde se encuentra recluido desde el 11 de junio de este año.
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Entre las violaciones al exmandatario que han sido denunciadas por su defensa está el hecho de que no se le permite conversar con otros reclusos; además, que cuando es sacado al patio del penal, los otros detenidos son ingresados a sus celdas para que no tengan contacto con él.'
12
fueron los privados de libertad enviados al penal de Punta Coco, en Isla del Rey.
10
de diciembre se cumplieron 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos.
Hasta hace poco, también se le prohibía asistir a misa, entre otras series de restricciones, todas con el objetivo de hacerle pasar una tortura psicológica, como ha denunciado su equipo de abogados.
Igualmente, se ha denunciado el trato inhumano al cual ha sido sometido el exdirector de la Policía Nacional (PN) Gustavo Pérez, quien se encuentra detenido por el hecho de portar dentro de su residencia armas de colección.
El equipo legal de Pérez ha denunciado en reiteradas ocasiones que su defendido ha afrontado todas las diligencias que la justicia ha requerido y, a pesar de esto, es víctima de discriminación y se le han violado sus derechos humanos, así como sus garantías procesales.
Otro de los casos en que este gobierno no ha sido respetuoso de los derechos humanos ha sido en la insistencia de mantener personas detenidas en Punta Coco, a pesar de que organismos internaciones han manifestado no estar de acuerdo con mantener cárceles insulares.
Recientemente, el Gobierno decidió enviar a Punta Coco a 12 detenidos que permanecían en cárceles del país, aduciendo que los niveles de inseguridad que vive el país se debe a influencia de estos privados de libertad.
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Esto en un desafío a un fallo de la Corte, el cual prohíbe mantener detenidos en este centro penitenciario ubicado en el archipiélago de Las Perlas.
Desde agosto de 2015, dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron al Gobierno de Panamá a no trasladar más reos a la base del Servicio Nacional Aeronaval en Punta Coco, ubicada 107 kilómetros al sur de la costa panameña.
Ante esto, un grupo de abogados de los privados de libertad que se encuentran recluidos en este lugar indicaron que ya es hora de que en Panamá se empiece a ver al presidente Varela como un "violador de derechos humanos".
Estos juristas hicieron un llamado a organismos internacionales para que observen lo que se está viviendo en Panamá.
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