Gremios empresariales y civiles respaldan regulación de cigarrillos electrónicos que prioriza la protección de menores

Tres importantes organizaciones representativas del sector empresarial y cívico de Panamá expresaron su respaldo al Anteproyecto de Ley No. 227, presentado por el diputado Medin Jiménez Pitti, que busca regular el uso, comercialización, control de calidad y fiscalización de los cigarrillos electrónicos y otros sistemas de administración de nicotina en Panamá, con un enfoque central en la prevención del consumo en menores de edad.

La propuesta legislativa, que fue prohijada por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional el pasado 27 de octubre, establece multas de hasta cien mil balboas a quienes vendan o faciliten estos productos a menores, prohíbe el uso de personajes, sabores y diseños atractivos para niños y adolescentes, y obliga a los establecimientos a colocar avisos visibles sobre la restricción de venta a menores, entre otras disposiciones.

Posturas de los gremios

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) señala, en una misiva dirigida a la Comisión, que la regulación propuesta “representa un avance necesario para proteger a los menores de edad mediante la prohibición estricta de venta y comercialización hacia este grupo poblacional, imponiendo sanciones severas a quienes incumplan”.

La Cámara añadió que el anteproyecto “introduce un marco fiscal claro y específico, que permitirá al Estado panameño recaudar impuestos sobre productos que actualmente operan sin regulación ni contribución al fisco”.

Por su parte, la Fundación Libertad destaca en su nota a la Comisión que la iniciativa “es coherente con los principios de regulación racional, fiscalización efectiva y respeto a la libertad económica”, y afirma que el texto combate el comercio ilícito, protege a los menores y crea una estructura tributaria progresiva sin recurrir a medidas arbitrarias o desproporcionadas, añadiendo que “este tipo de regulación basada en la transparencia y la responsabilidad individual es la que Panamá necesita para avanzar hacia un país más libre y próspero”.

Finalmente, la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá (ARDTP) respaldó la iniciativa “a la luz de la evidencia científica y de los modelos regulatorios internacionales que confirman que los productos de administración de nicotina sin combustión reducen de forma significativa la exposición a sustancias tóxicas y cancerígenas en comparación con los cigarrillos convencionales”. 

La Asociación recordó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha reconocido estos productos como alternativas menos nocivas para fumadores adultos que no logran dejar el hábito.

Vacío legal tras la derogación de la Ley 315

Desde mayo de 2024, Panamá no cuenta con una legislación vigente que regule los cigarrillos electrónicos, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley No. 315, promulgada en junio de 2022, que prohibía su comercialización total. 

Durante el periodo de vigencia de la prohibición, el consumo juvenil no disminuyó, sino que registró un aumento. Según datos divulgados por el Ministerio de Salud (MINSA) este año, el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes pasó del 6.4% en 2017 al 8.5% en 2023.

El Anteproyecto No. 227 surge como respuesta a ese vacío normativo, sustituyendo la prohibición absoluta por un marco regulatorio que fortalece los controles, reduce riesgos sanitarios, protege a los menores y sienta bases fiscales claras para la actividad comercial de estos productos.