La Asociación Nacional de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales y Técnicos de Panamá, representada por su presidenta Carmen Vega, interpuso una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el convenio suscrito entre la Caja de Seguro Social (CSS) y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).
La acción legal busca dejar sin efecto un acuerdo académico programado para entrar en vigencia en 2027, el cual, según ellos, pretende homologar y reconvertir a 80 instrumentadores quirúrgicos activos de la CSS en técnicos en enfermería.
Rechazo a la reconversión y choque de facultades
Vega calificó en Nex Noticias la medida como un retroceso profesional sin precedentes, señalando que los 80 profesionales afectados ya cuentan con títulos de educación superior, años de experiencia operativa y desempeño activo en los centros quirúrgicos del sistema hospitalario:
El gremio enfatizó que la instrumentación quirúrgica pertenece conceptual y formalmente a las disciplinas de la Facultad de Medicina, trabajando de la mano con los médicos cirujanos, y no a la Facultad de Enfermería.
De ejecutarse la medida, los instrumentadores pasarían a estar subordinados bajo la estructura del personal de enfermería, perdiendo su identidad disciplinaria.
La dirigencia criticó que el plan propuesto pretenda capacitarlos mediante un programa de 33 créditos (27 horas teóricas y 12 horas prácticas) para otorgarles un título de técnico en enfermería, afectando su trayectoria profesional previa.
Reclamo de idoneidad legal
Vega denunció además el desamparo regulatorio del sector, toda vez que el proyecto de ley que regula la profesión y otorga la idoneidad profesional se encuentra estancado en primer debate en la Asamblea Nacional.
Asimismo, cuestionó el "silencio fúnebre" de los titulares del Ministerio de Salud (MINSA) a lo largo de las últimas tres administraciones, recordando que la profesión lleva más de 50 años ejerciéndose en los quirófanos del país sin un marco protector de idoneidad legal.
