Mejía reconoció Principio de Especialidad a Ricardo Martinelli antes de sentencia

No solo el Ministerio de Relaciones Exteriores ha reconocido que el expresidente Ricardo Martinelli sigue amparado por el Principio de Especialidad. En una audiencia celebrada el 6 de agosto de 2018, el entonces magistrado de garantías Jerónimo Mejía también reconoció y ratificó que el exmandatario estaba protegido por dicho principio.

Por lo tanto, la sentencia del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de Panamá, que condenó a Martinelli en el caso New Business, violó el Principio de Especialidad.

Lo anterior se advierte en la demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia por el abogado Carlos Carrillo contra la sentencia dictada el 17 de julio de 2023.

De conforme al artículo VIII a la Ley 75 de 14 de junio de 1904 (Tratado de Extradición entre EEUU y Panamá), que establece el Principio de Especialidad, el expresidente no podía ser acusado o enjuiciado o castigado por crimen o delito cometido antes de su extradición ocurrida en junio de 2018.

El propio magistrado de la Corte Suprema, Jerónimo Mejía reconoció y ratificó el Principio de Especialidad, decisión que está debidamente ejecutoriada y por lo tanto la sentencia demandada contra Martinelli vulneró de forma flagrante las garantías contenidas en el Principio de Especialidad que tiene nuestro mandante, sostuvo Carlos Carrillo.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota A.J.-MIRE-2024-057600 fechada 11 de julio de 2024, suscrita por el Dr. Fernando Gómez Arbeláez, director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, certificó que no hay constancia en dicha Dirección que alguna autoridad del Ministerio Público o del Órgano Judicial solicitara levantar el Principio de Especialidad en general o en el caso de New Business en particular.

Dicha documentación demuestra que nunca se realizó diligencia jurisdiccional tendiente a pedir la excepción del Principio de Especialidad que hasta el día de hoy ampara a Martinelli y con ello se acredita la violación a las normas constitucionales.