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ONU expone grave denuncia de abuso sexual a migrantes en Darién

Personal de migración y del Senafront, supuestamente, habría solicitado intercambio sexual a migrantes con la promesa de traslado a la frontera con Costa Rica.

Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica - Actualizado:
El comunicado publicado el 9 de diciembre del 2022, daba un plazo de 60 días al Gobierno panameño para brindar una respuesta. Foto: Archivos

El comunicado publicado el 9 de diciembre del 2022, daba un plazo de 60 días al Gobierno panameño para brindar una respuesta. Foto: Archivos

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recoge denuncias sobre abusos físicos, psicológico y sexual de los cuales supuestamente están siendo víctimas migrantes que llegan a las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) ubicadas en el Darién, paso fronterizo con Colombia. 

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El comunicado publicado el 9 de diciembre del 2022, daba un plazo de 60 días al Gobierno panameño para brindar una respuesta frente a la información  recibida por parte de este organismo en relación con la situación humanitaria en el Tapón del Darién. 

El documento de 18 páginas publicado en la web del organismo habla de muertes y desapariciones; así como alegaciones respecto a la situación en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) de Panamá, donde las personas migrantes se encontrarían supuestamente privadas de libertad, en condiciones deplorables e insalubres, y expuestas a situaciones de abuso por parte de las autoridades que gestionan estos centros. 

La situación de las ERM de San Vicente y en la comunidad de Canaán Membrillo, bajo la supervisión del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), habría llevado a ubicar a las personas migrantes en tiendas de campaña, situadas en espacios abiertos en el exterior y en condiciones deplorables, obligándoles a pernoctar a la intemperie e incluso bajo la lluvia.

Aunque estas estaciones no son consideradas por las autoridades panameñas como centros de detención, la información recibida por el organismo indica que los migrantes instalados en las ERM se encontrarían de facto privadas de libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica.

En este sentido, sostiene que las autoridades panameñas organizan el traslado en autobús de las personas migrantes desde la ERM de San Vicente y de Lajas Blancas hacia la ERM de los Planes, Chiriquí, situada en la frontera con Costa Rica, a través de una empresa privada de transporte a un costo de 40 dólares que asume el propio migrante. 

No obstante, el informe publicado en https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage hace especial énfasis en los supuestos casos de abusos sexual de las que son víctimas  mujeres y niña por parte de personas del Senafront y el Servicio Nacional de Migración. 

"El personal del SNM y del Senafront habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente que carecen de dinero para afrontar los costes del transporte anteriormente mencionados, con la promesa de permitirles subir a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica", señala el informe. 

RepresiónAgrega el documento, que los informes recibidos también mencionan que las personas migrantes que solicitan información en las ERM sobre la Defensoría del Pueblo para interponer una denuncia habrían sido supuestamente objeto de abuso físico y verbal por parte de los agentes del SNM y del Senafront. 

Entre estos abusos, mencionan también la supuesta mala gestión, supuestamente deliberada, en la distribución de alimentos por parte de los agentes del Senafront, retrasando las cenas y disminuyendo las raciones cuando las organizaciones y ONGs internacionales no se encuentran presentes en las ERM.

Las precarias condiciones y supuestos abusos anteriormente mencionados en las ERM habrían llevado al descontento y la organización de protestas por parte de las personas migrantes allí retenidas, que han resultado en la detención de personas migrantes, supuestamente en ausencia del debido proceso y garantías. Se han destacado las preocupaciones con respecto a la supuesta falta de asistencia legal y la extensión de los períodos de detención permitidos legalmente. 

"La mayoría de las personas detenidas no habría tenido acceso a un abogado, no se les habría proporcionado apoyo consular, ni tampoco habrían tenido la oportunidad de interponer un recurso que permitiera la revisión de su situación de detención En algunos casos, las personas migrantes habrían sido presuntamente obligadas a firmar declaraciones de culpabilidad en el Ministerio Público", cita textualmente el documento. 

Crisis humanitariaLas circunstancias y condiciones arriba señaladas contribuyen a exacerbar la ya grave situación que enfrentan las personas migrantes que llegan a Panamá a través del Tapón de Darién.

Los informes sobre violencia en el Darién han sido continuos desde el aumento del tránsito a lo largo de esta ruta, particularmente los referidos a la violencia sexual: en el año 2021, se registraron más de 300 casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y personas pertenecientes a la comunidad LGBT, mientras que entre enero y junio de 2022, fueron más de 140 los casos de violencia sexual registrados, señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Más de 31,000 migrantes irregulares han cruzado en lo que va de año la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, casi la misma cantidad que en los primeros 5 meses de 2022, de acuerdo con las estadísticas oficiales panameñas.

 

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