Producto de una educación con base en becas, tras salir de Gualaca a los 11 años de edad, a un internado en el Colegio Félix Olivares en David, debido a las carencias y la falta de camino de acceso a su población, para Óscar Sittón, quien cumple un mes como director general de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y más de 30 años como docente en el área de educación especial, la principal discapacidad de las personas no es física sino de conocimiento.

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¿Cuál es la principal barrera que deben superar las personas con discapacidad?

La mayor limitación que tenemos los seres humanos es nuestros paradigmas; vivimos en una ceguera del conocimiento que no queremos superar, sobre todo en el tema de la discapacidad en el que existe una miopía social.

Las leyes a favor de las personas con la discapacidad existen, ¿Por qué no se cumplen?

Siempre existe una resistencia natural, porque todo lo que genera estrés lo rechazamos; es el desconocimiento que nos lleva a rechazar a las personas con discapacidad. Nosotros vemos una persona ciega en la calle y no sabemos como tratarla; queremos asistirlos, tocarlos y hasta gritarles, porque no sabemos cómo manejarlo. Es un problema también de cultura y de cambio de paradigma. En el momento que tenemos una sociedad más sensibilizada con el tema de discapacidad tendremos mayor inclusión.

¿Cómo vamos con la equiparación de oportunidades?

De 60 instituciones del Estado, solo 30 cumplen con oficinas de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Incluso, en Panamá se hace mucho turismo gerontológico y no cuenta con las adecuaciones apropiadas para facilitar la movilidad de estas personas.

Hay quienes piensan que Senadis se creó para atender la demanda de una población, pero no ha cumplido a cabalidad con su fin. ¿Qué opina?

El Senadis nació como una entidad con políticas públicas en el 2007, y se hizo un trabajo con la primera encuesta nacional de discapacidad, pero sin ser pesimista, tuvimos una década perdida en el que el tema de la discapacidad dejó de ser prioritario para los gobiernos. La falta de apoyo limitó sus acciones.

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¿Qué diagnóstico ha hecho de la entidad desde su llegada?

En un diagnóstico situacional de la institución, lo que vimos fue que en los dos periodos de gobierno anteriores no fue posible concretar la segunda encuesta nacional de discapacidad, lo que es central para contar con indicadores precisos que nos digan la prevalencia de las personas con discapacidad a nivel nacional.

¿En base a qué ha trabajado la entidad en estos últimos años?

El primer registro que se tiene en Panamá data del 2006, que arroja 11.3% de la población en una condición de discapacidad, es decir más de 300 mil personas. Sin embargo, del 2006 a la fecha, podemos pensar que esa población ha aumentado, porque los avances de la medicina perinatal están permitiendo que más niños sobrevivan.

¿Cuál es la principal deuda que tiene el Estado?

El proceso de certificación de las personas con discapacidad. La ley en Panamá se empieza a implementar en 2015, y tenemos una mora a nivel nacional, porque no se ha podido cubrir toda esta población. Hay que descentralizar las juntas certificadoras y llevarlas a los lugares donde están las personas; solo así podremos ver la discapacidad como una situación de derechos humanos.

¿Qué pasa con la integración laboral?

En América Latina hay más de 15 millones de personas sin trabajo. Esto impacta mucho más para las personas con discapacidad. En Panamá, hay muchos empresarios que tienen una visión muy amplia y los logran integrar, pero otros se resisten porque ven más las limitaciones, deficiencias, que las potencialidades y su capacidad productiva. Hay que entender que para una persona con discapacidad alcanzar un trabajo, es la mayor redención social que puede tener, porque le da independencia.

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¿Cómo lograr un nivel máximo de equiparación, cuando ni las entidades del Estado cumplen?

Es necesario crear una serie de incentivos, pero también tenemos que ser innovadores. Buscamos crear un premio nacional para reconocer a aquellas entidades públicas y privadas, su aporte para mejorar la calidad de vida a las personas con discapacidad.

¿Queda mucha duda en la inclusión educativa?

La inclusión educativa es una filosofía de derechos humanos, pero también carece de una evaluación de impacto de como fue el proceso de inclusión desde 2015, reconocer los hitos en los que hemos avanzado y qué se requiere para mejorar el proceso.

Tras lo que encontró, ¿qué hará diferente este quinquenio?

Lo primordial es que ya contamos con el presupuestos para la encuesta nacional de discapacidad.

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