Sociedad Interamericana de Prensa cuestiona falta de transparencia en la región; Panamá no es la excepción

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó la falta de transparencia y acceso a la información pública en la región, situación a la cual no escapa Panamá, y que pudo agravarse con la Resolución 71 que emitió el vicepresidente José Gabriel Carrizo, para declarar de acceso restringido informaciones que emanen del Consejo de Gabinete.

Al final de su Asamblea General número 77, la SIP advirtió que la falta de transparencia en la gestión pública es como una "mancha de aceite" que se expande a través del continente.

El 4 de agosto pasado, Carrizo firmó la citada resolución que no solo restringe el acceso a informaciones del Consejo de Gabinete, sino que también incluye a las que tienen que ver con su propia labor como vicepresidente de la República y las del mandatario, Laurentino Cortizo.

La actuación de Carrizo fue duramente cuestionada en Panamá, debido a que durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, el Gobierno se aprovechó del Estado de Emergencia Nacional para realizar compras directas y firmar contratos que fueron denunciados por supuesta corrupción.

El informe de Panamá presentado a la SIP afirma que en este país los funcionarios no cumplen la Ley de Transparencia.

La SIP advierte que las restricciones a la información pública se repiten en casi todos los países del continente, sin importar la ideología política de los gobernantes.

La resolución de Carrizo declara de acceso restringido por 10 años a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente de la República.'

En el informe sobre Panamá que analizó la SIP se denuncia un proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional y que busca sancionar a las personas que "graben videos, tomen fotos de calamidades, catástrofes, accidentes, riñas o cualquier incidente que se presente, afectando a terceras personas y se publiquen en redes sociales".

La SIP indicó que las restricciones generan "falta de transparencia, lo cual es contrario a los principios democráticos sobre rendición de cuentas de un Estado".

Advierte que en muchas ocasiones la información obtenida de oficinas públicas por medios, periodistas y ciudadanos son versiones adulteradas.

En Panamá, diferentes sectores llaman la atención sobre la cantidad de solicitudes de información hechas al gobierno de Laurentino Cortizo que aún no ha sido resueltas, sobre todo por las compras que se han hecho durante la pandemia de covid-19.

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Plantean la necesidad de reforzar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y el poder de coerción que tiene la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai)

José Gabriel Carrizo, a través del Ministerio de la Presidencia, trató de justificar su resolución argumentando que la misma está basada en la Ley de Transparencia.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana fue enfática en calificar la situación de transparencia durante el gobierno de Cortizo.

"La obligación legal de transparencia y acceso a la información pública ha desaparecido, siendo reemplazada por silencios sin consecuencias. Bajo el manto del estado de excepción debido a la pandemia, los funcionarios callan ante las peticiones de información de periodistas y ciudadanos. Todo sucede ante la mirada impávida de la Antai, la Corte Suprema o la Contraloría", sostuvo.

El vicepresidente Carrizo ha sido duramente cuestionado por la supuesta falta de transparencia en la gestión para la compra de ventiladores a principios de la pandemia y otros insumos médicos; no obstante, Cortizo lo ha defendido.

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