Víctimas de la dictadura sin justicia, a pesar de acuerdo

Familiares de las víctimas de la dictadura militar le expresaron a los candidatos presidenciales que luego de cinco años no se ha cumplido ni un solo punto del ‘acuerdo amistoso’ que firmaron hace casi cinco años.

En carta abierta enviada a los ocho candidatos a la presidencia, el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de la Dictadura Militar (Cofadepa-HG), por medio de su presidenta, Maritza Maestre, manifestó que han sido cinco años perdidos, en los que sintieron que se actuó con mala fe y fueron revictimizados con un retroceso irreparable.

Cofadepa-HG se activó en el año 2000 y luego que fuera revelado el informe de la Comisión de la Verdad instaurada en el gobierno de Mireya Moscoso, han transcurrido cuatro gobiernos, incluyendo dos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), brazo político del régimen militar, que no han podido resolver las peticiones de estas personas.

¿En qué no se ha cumplido en estos cinco años?

Fuera de los procesos penales, en los que tampoco se ha hecho justicia, se enumeran una serie de acciones que han quedado en letra como elaborar una memoria histórica de los hechos ocurridos entre 1968 y 1989, algo que se estila hacer en naciones que pasaron por dictaduras militares.

Además, ha quedado pendiente una ley que declare el 9 de junio como “Día Cívico de Reflexión para las Víctimas de la Dictadura Militar” y la construcción de un monumento en honor a los asesinados y desaparecidos en dicho periodo.

También, una norma jurídica que cree la categoría de Desaparecido en el Registro Civil y, lo más importante, el análisis de ADN a osamentas que reposan en el Instituto de Medicina Legal.

“Durante el quinquenio gubernamental que termina este año, se expresaron toda clase de promesas, se emitieron abundantes páginas de informes sobre supuestas gestiones, se solicitaron prórrogas a la CIDH para cumplir, etc. y el resultado final fue el de un cumplimiento nulo”, registra la carta enviada a los candidatos.

El acuerdo amistoso entre el Estado y dos organizaciones de familiares fue firmado el 24 de junio de 2019.

Cuatro años después, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se concluye que el único avance fue la promesa del Ministerio de Economía y Finanzas de reconocer un resarcimiento económico a los familiares, que solo fue hecha al grupo de familiares de Chiriquí.

Con base a esta situación, Cofadepa-HG se mantiene con el informe de la CIDH correspondiente a 2021 en el que se expresa que “no han existido avances en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa”.

Fueron más de 110 casos de asesinatos y desapariciones forzosas que registra el informe final de la Comisión de la Verdad, divulgado hace 20 años y la mayoría todavía no ha encontrado justicia o esta les fue negada.

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