Desigualdad entre las provincias no cambia

Las necesidades de acceso a vivienda, educación y oportunidades laborales son las que tienen los grupos excluidos en Panamá, según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según el índice de desarrollo humano de Panamá 2014 y 2018, teniendo como promedio nacional ($900 por habitante), hay mucha desigualdad entre las provincias.

Según se lee en el informe, "la provincia de Panamá supera el umbral de alto desarrollo humano (mayor a 0.8), seguida de cerca por Los Santos, Herrera, Chiriquí y Colón. En un rango medio, Panamá Oeste, Veraguas, Coclé, Bocas del Toro y Darién (esta última provincia tuvo un descenso entre 2014 y 2018). En un nivel de logro bajo se ubican las comarcas Emberá, Guna y Ngäbe Buglé".

Para el experto en sociología Carlos Martínez, la desigualdad siempre se ha mantenido firme en Panamá.

"En toda la historia del país y pareciera que por cultura, las áreas comarcales siempre tienen más necesidades y menos desarrollo social. Eso no se cambiará de un día para otro", dijo.

A pesar de las marcadas diferencias, en el informe se recomienda que "sería importante que se incorporen otros criterios como incentivo al desarrollo de otros polos sociales y productivos, evitando que la inversión pública mantenga las condiciones para la profundización de la desigualdad".

Los subsidios

Para mejorar la calidad de vida de las regiones con calidad de vida muy baja, los subsidios no son los más recomendables, que son de forma individual y no una inyección general a una población necesitada.

"Los subsidios en efectivo son de gran apoyo, pero tienen un enfoque individual; quizás, un fondo comunitario o componentes de trabajo colectivo podrían preservar el capital social de estas comunidades", se destaca en el texto.

Es aquí en donde entra el tema de educación y cultura que, según expertos, a veces evita que se piense en un plan de desarrollo comunal, por un tema de comodidad individualista.

"Nadie pondrá por encima de sus intereses el bien común, más si está necesitado. Es aquí en donde se nota el daño que ha hecho el paternalismo de los gobiernos hacia la población más necesitada", destacó Martínez.

Entre tanto, el informe señala que "si bien los programas públicos pueden tener muchas ventajas, se debe propiciar un vínculo entre los actores tradicionales y las tecnologías modernas para dar solución más adaptada y sostenible a las necesidades sociales en su contexto".

Para Martínez, la educación jugará un papel vital en el futuro desarrollo de quienes residen en las comarcas y áreas con bajos ingresos.

"El Ministerio de Educación debería tener materias opcionales, hasta técnicas, para estas áreas que le brinden más oportunidad a los residentes y no depender de los subsidios como fuente de ingresos y ahorros", sostuvo.