‘Diablos rojos’ desafían a autoridades del Tránsito

Los “diablos rojos”, con su secuela de anarquía, se toman las calles de la capital y San Miguelito ante la mirada impávida de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que se limita a decir que no tiene suficientes inspectores para sacarlos y les piden a los usuarios que no los usen por su peligrosidad.

La ATTT reconoce la ilegalidad del servicio, pero en las calles y, sin dificultad, los “diablos” ganan terreno sobre un área concesionada a Mi Bus desde agosto de 2010. Los transportistas clandestinos alegan que salieron a socorrer al usuario que vive agobiado por el mal servicio del metrobús.

Lejos de accionar, las autoridades de la ATTT y del Ministerio de Gobierno se limitan a recordarle a la población que estos buses, en su mayoría, operan bajo la clandestinidad y sin las correspondientes pólizas de seguro, lo que los convierte en una trampa de muerte.

Este regreso sacudió entre los usuarios recuerdos de episodios de gente que murió aplastada por las ruedas de las unidades por la anarquía del sistema, que operó por 30 años en manos de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra).

Para refrescar las secuelas que dejaron los “diablos”, la ATTT recordó a Panamá América que desde que se inició el proceso de modernización en 2010 se logró reducir drásticamente las cifras de muertes ocasionadas por los buses tipo Caterpillar y Brick.

Sin mencionar los daños ocasionados y personas lisiadas, los estudios de la ATTT revelan que las fatalidades iban de 50 a 60 casos por año. Con el sistema metrobús el número de víctimas se redujo a cuatro.

En la dirección de Movilidad Urbana de la ATTT ven la reducción de los casos como uno de los mayores logros alcanzados con la modernización del sistema, que le costó al Estado $269 millones y más de $100 millones en indemnizaciones a los transportistas.

Para precisar la cuantía, el subdirector de la ATTT, Rafael Chávez, anunció que se ordenó una auditoría al proceso de compensación que despejará el monto exacto de buses compensados y el gasto que representó para el Estado.

Mientras tanto, la inseguridad merodea a los usuarios y las autoridades no logran aterrizar con la fórmula que utilizarán para optimizar el servicio que los usuarios reclaman a gritos y que según los transportistas provocó el resurgimiento de los autobuses.

Sin sustento legal

Tomasito López, de la dirigencia del Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo (Sicotrac), reconoce que 85 unidades circulan “con los papeles en regla”, porque aún están pendientes de compensación.

Lucía Perea, dirigente del Movimiento 23 de Octubre, sostuvo que el desorden y la amenaza de muerte que representa la aparición de los “diablos” es aupada por las autoridades. “Están viendo las anomalías y simplemente hablan de que el servicio no es legal. Necesitamos respuesta urgente. Si no toman decisiones, la gente seguirá expuesta a estos buses, que mucho dolor ocasionaron”, dijo Perea.

La dirigente emplazó al ministro de Gobierno, Milton Henríquez, para que se reúna con los usuarios cuanto antes y no con los transportistas, “que solo buscan sacar provecho de la situación”. Pareciera que no hay valentía para hacer cumplir el contrato a Mi Bus y a los transportistas, de frenarles la intención de seguir en el negocio, advirtió.

En ese sentido, Henríquez dijo a Panamá América que no se permitirá el retorno del sistema y se hará cumplir el contrato. “Lo que estamos haciendo es cumplir con las obligaciones contractuales”, manifestó.

El ministro encabeza la comisión de alto nivel para renegociar un nuevo contrato con la empresa concesionaria.

También rechazó que se haya aceptado la propuesta de Mi Bus de aumentarle el costo del pasaje de 64 a 70 centavos y el consecuente renglón de subsidio para la empresa como dio a entender el director de la ATTT, Julio González.

Lo que no reveló Henríquez y contradice sus declaraciones de que el servicio es ilegal y peligroso son las instrucciones dadas a los inspectores y agentes de la Policía de Tránsito para permitir la libre circulación de los “diablos”.

Amílcar Córdoba, gerente de Seguros Fedpa, dice que la relación con los transportistas en cuestión de seguros es obligatoria, según se estableció en la Ley 42 de 2007, pero no hay certeza de que todos cumplan con la disposición legal.

El presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, José Luis Ford, se sumó a la inquietud que provocó la aparición de los “diablos”. “No podemos estar de acuerdo con importar ‘diablos rojos’, protagonistas de frecuentes incidentes, regatas, entre otras inaceptables conductas que causaron luto y dolor en muchas familias”, declaró.

Agregó que “es importante atender las carencias de transporte desde los sectores este y oeste, pero sin olvidar que el sistema metrobús está necesitando ajustes con premura, para satisfacer las expectativas de sus usuarios”.