Cacería de subsistencia se desmarca del furtivismo

La caza de subsistencia, aquella realizada por personas de escasos recursos que viven en entornos rurales, no debe confundirse con el furtivismo, recalca Antonio Barrera, del Club de Cazadores del Istmo.

Días atrás, los clubes de caza del país sostuvieron un encuentro de compromiso con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

De acuerdo con Barrera, la caza de subsistencia fue uno de los puntos más importantes que se trataron.

El directivo recuerda que esta actividad en particular es legal y se encuentra amparada por el decreto ejecutivo N° 43 de 2004.

Barrera advierte que el desconocimiento del documento ha llevado a los campesinos a enfrentar la justicia cuando pueden optar por un permiso.

"Estas personas están cayendo presas en actos de cacería furtiva porque no se les indica que hay una cacería de subsistencia a la que pueden apelar. MiAmbiente al desconocer que existe esta regulación les niega el derecho a subsistir y creamos un conflicto", dijo Barrera a Panamá América.

Barrera aboga para que MiAmbiente ofrezca docencia en este sentido y oriente a los cazadores de subsistencia sobre cuáles especies están permitidas y cuáles no, los lugares en los que pueden proceder, entre otros aspectos relevantes para la conservación de la biodiversidad.'

39

número de ley promulgada en 2005 que modifica la de 1995 sobre la vida silvestre.

$1.5

millones estima Barrera que han pagado los clubes en permisos de caza.

"No podemos llamar a todos cazadores furtivos cuando la ley establece delimitaciones. Son muchas aristas que los propios servidores públicos desconocen", agregó.

En este sentido, Barrera precisa que los servidores públicos tergiversan la ley y la retransmiten a las unidades de la policía ecológica, ejecutando un proceso sin bases.

"Al final cuando los llevan a la fiscalía de ambiente se caen los casos porque no tienen una sustentación legal", comentó Barrera.

Según el decreto, para que una persona ejerza la caza de subsistencia, los funcionarios ambientales deben comprobar que la captura de animales es indispensable para su alimentación, siempre y cuando se tenga en cuenta el uso racional para la sostenibilidad del recurso.

Está prohibida en el caso de que se haga con fines de lucro, sea superior a lo indispensable para la familia del cazador, incluya especies amenazadas o en peligro de extinción o se trate de hembras preñadas o con sus crías.

Con respecto a los animales prohibidos, estos contemplan aves que cantan o de ornato, animales que solo tienen valor en vida; animales con hábitos benéficos a la agricultura o ganadería, especies con productos aprovechables sin necesidad de matarlas; los que pertenecen a especies raras y los que no sean comestibles.

Por otra parte, Barrera señaló que también la ley 39 de noviembre de 2005 sufre interpretaciones erróneas por parte de las autoridades, quienes especulan que la caza no se permite, sobre todo en las provincias centrales.

"No sabemos por qué se está desinformando. Esa misma ley faculta a MiAmbiente para que a través de los fondos recaudados de los clubes de caza se capacite a la comunidad en general para evitar la cacería furtiva", comentó.

El próximo mes sostendrán un nuevo encuentro con MiAmbiente.

Por su parte, el abogado y cazador Humberto Chang coincide con Barrera en que la ley sobre caza legal es desconocida por muchos, incluso por sus colegas.

"Creo que la autoridad debe conocer la norma y publicitarla. En un sistema donde hay más de 200,000 leyes, ni siquiera los abogados la conocen. Los cazadores no somos extraterrestres", puntualizó.

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