Arbitraje sobre mina sería perjudicial para ambas partes

Tras el retiro del contrato con Minera Panamá del Órgano Legislativo, la Cámara Minera de Panamá (Camipa) espera que el Gobierno se reúna con la empresa para modificarlo y que una vez regrese a la Asamblea este sea ratificado para asegurar una reputación positiva del país.

“Como país que respeta la estabilidad jurídica, la protección de la libre empresa, los miles de empleos y empresas contratistas que dependen de esta, y evitar una mayor afectación de la calificación de riesgo de inversión en Panamá”, sustenta el gremio en un extenso comunicado.

El gremio está preocupado por la forma en que se llevó la discusión acerca de este contrato, con sectores totalmente contrarios al desarrollo de la minería en el país.

En este sentido, hacen un llamado a que cualquier discusión acerca de la minería sea a través de una conversación honesta y constructiva, con sustento científico y real, sin esgrimir mitos y tergiversaciones que buscan crear temores en la población, y sin sesgos políticos e ideológicos que siguen intereses muy distintos a buscar el bienestar, la seguridad y desarrollo sostenible.

Camipa argumenta que la mina es, junto al Canal de Panamá, los motores de la economía nacional, como es ampliamente reconocido por organismos internacionales y calificadoras de riesgo internacionales, logrando, por primera vez en la historia republicana, que los mayores salarios promedio de Panamá se estén dando en una zona del interior de país

Por otra parte, advierte sobre las implicaciones que traería al Estado un proceso de arbitraje si lo solicita la empresa.

Hace mención a un caso que el Estado perdió con la empresa Dominion Minerals a la cual no se le otorgó la extensión de la concesión a la que tenía derecho, cumplido todos los requisitos.

El 5 de noviembre de 2020 se condenó a Panamá a pagar cerca de $30millones. En resolución del 21 de julio de 2022 se aceptó una apelación presentada por Dominion y está pendiente la decisión sobre el monto final a pagar.

“Lo que los panameños debemos tener claro es que, cualquiera que sea el resultado de un arbitraje, tanto la empresa como el país se verían seriamente afectados con la suspensión temporal o definitiva (como resulte), de las operaciones de la mina”, indicó el gremio.

La Cámara Minera reconoce que luego del amplio proceso de consulta llevado a cabo por el Gobierno y la Asamblea, “se ha abierto la puerta para realizar cambios en temas específicos que han sido solicitados por la ciudadanía de manera reiterada y responsables”.

Considera importante que Minera Panamá y el Ejecutivo evalúen la propuesta de cambios sugerida de manera colaborativa, y se logre el resultado deseado de beneficio mutuo para todas las partes involucradas, y el país en general.

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