Aumento del salario mínimo, ¿beneficio o perjuicio?

Mientras que algunos economistas y empresarios tildan al salario mínimo como causante de despidos y cierre de empresas en los últimos años, trabajadores y expertos en el tema afirman que tiene poco que ver y que habría que revisar la capacidad de adaptación de las empresas a cambios en el mercado.

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Algunos expertos en materia económica indican que se debe hacer un análisis del posible impacto de ajustes en el salario mínimo en las distintas actividades urbanas y rurales con antelación a la reunión de la comisión 2019 que debería incorporar una metodología para determinar el salario mínimo tomando en consideración la productividad, ingresos, precios y salarios, a la vez de incluir una evaluación de su impacto en la tasa de desempleo y la sostenibilidad financiera de las empresas a raíz de aumentos en costos laborales.

Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), comparte la tesis de que el salario mínimo ha podido ser  causante de despidos y cierre de empresas.

"No han sido cónsonos con la realidad del momento y por tanto han atentado contra la sostenibilidad de algunas empresas, sobre todo, en ciertos sectores que no han podido con esos incrementos", dijo el empresario.

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Señaló que han insistido en que no se debe dar el aumento de forma inmediata al anuncio, sino al menos 3 a 6 meses después, de forma que permita a las empresas hacer la debida planificación para asumir esos incrementos dentro de su presupuesto.

De acuerdo con el exasesor del Banco Mundial José Sokol en su estudio sobre economía, el estudio previo sería conveniente, ya que en diciembre de 2017 se estableció el último salario mínimo que aunado con la desaceleración en curso debe haber afectado la generación de empleo.

En la fijación de salario mínimo desde el 2006 al 2016 las decisiones adoptadas tuvieron un efecto limitante en generar empleos nuevos, especialmente en el área rural, desplazando obreros hacia las áreas urbanas, a la vez de aumentar la informalidad, señala el estudio.

"Ello se debió a que los aumentos en costos provenientes de los ajustes salariales no fueron compensados por aumentos en productividad, como consecuencia se perdieron 7,341 empleos en la agricultura durante los años 2015-2017".

Por su parte, representantes de los trabajadores indican que las estadísticas nacionales señalan que los años en los cuales se incrementaron significativamente los salarios (2011 y 2013) la tasa de desempleo disminuyó, lo que contradice los planteamientos de los "expertos" .

Eduardo Gil, de Convergencia Sindical, indicó que las pérdidas de empleos en la agricultura se debe fundamentalmente a la aplicación de los Tratados de Libre Comercio que han dejado a los productores en desventajas frente a las importaciones, tal como han expresado los propios productores en sus recientes manifestaciones.

"El cierre de las empresas se debe al debilitamiento del mercado interno y la falta de capacidad de compra o poder adquisitivo de la población", sostuvo.

Manifestó que en tal sentido, un salario mínimo muy bajo como el de Panamá, influye en la desaceleración económica y puede producir cierre de empresas y desempleo, pudiendo generar un círculo vicioso negativo en la economía.

"Para incentivar y dinamizar la economía es necesario que la población mejore su capacidad de compra y demande productos y servicios que se generan en el país", dijo.

Mientras que el experto en temas laborales, René Quevedo, indicó que el salario mínimo per se tiene poco que ver con los despidos y cierre de empresas en los últimos años.

"En ese sentido hay que mirar el régimen laboral en su conjunto y la capacidad de adaptación de las empresas a cambios en el mercado", dijo.

Quevedo sostiene que las reducciones de personal se han dado en sectores muy concretos, asociados a construcción, comercio, agricultura y actividades profesionales.

"El salario mínimo cumple una función social, al intentar proveer al trabajador de un ingreso cónsono con el costo de la vida", dijo.

"El aumento en el costo de la vida, la desaceleración económica, la contracción del peso específico del asalariado privado en la Población Ocupada, el aumento de la informalidad y la inquietud existente en relación a las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), específicamente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, representan consideraciones a ser tomadas en cuenta por todas las partes a la hora de la discusión del salario mínimo", destacó el experto.

"Indicó que empresas, trabajadores y gremios deben buscar, en conjunto, mecanismos no salariales para compensar por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, muy en particular en rubros de la canasta básica, transporte y otros, que se llevan gran parte del presupuesto familiar.

"Es importante que el Gobierno asuma el rol de facilitador del diálogo, y en el caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo, establecer el salario mínimo de la manera más objetiva y justa", dijo.