Cae un 75% la inversión privada por política energética en México

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó este viernes "gran preocupación" por la política energética impulsada por el Gobierno mexicano, a la que critica por hacer caer un 75 % la inversión privada y por frenar la transición energética.

"Las iniciativas que el Congreso ha aprobado, sin tomar en cuenta las propuestas del sector privado, podrían generar daños económicos, sociales y ecológicos a nuestro país", advirtió en un boletín el CCE, la cúpula del sector privado mexicano.

Y el impacto de estas reformas y nuevas medidas "ya se han reflejado con una caída del 75 % en la inversión en el sector de energía entre el 2018 y el 2020, y con ello, se perdió la oportunidad de crear más de 200.000 empleos", agregó.

La patronal dijo que "los mexicanos de hoy y las siguientes generaciones" sufrirán las "consecuencias de la caída en la inversión y la escasez de energía".

Además, recordó que las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) están muy endeudadas y además generan "mala calidad del aire y problemas de salud derivados".

El Senado mexicano aprobó este jueves una reforma a la Ley de Hidrocarburos acusada de ser "expropiatoria" porque permite a la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno tomar instalaciones privadas por "seguridad o interés nacional".

Los diputados aprobaron otra reforma a la Ley de Hidrocarburos el 14 de abril para que la Sener tome el control de permisos de instalaciones privadas que representen un "peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional".

La AMEXHI afirmó que la industria ha invertido casi 16.000 millones de dólares y "tiene el potencial" para invertir más de 41.000 millones de dólares dentro de los próximos años "a raíz" de los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, creados con la reforma energética de 2013.

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Además, desde el Ejecutivo se impulsó hace unos meses una reforma eléctrica -hoy suspendida judicialmente- que elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos y la de la Ley de la Industria Eléctrica "son los ejemplos más recientes de estas decisiones, que son violatorias de la Constitución y atentan contra la propiedad privada, el empleo y el desarrollo futuro de México", dijo el CCE.

Ambas iniciativas, continuó el organismo, "cambian sorpresivamente las reglas para los inversionistas, amenazan la legalidad, la propiedad privada, los compromisos internacionales y sobre todo el medio ambiente y la salud de los mexicanos".

Además, aseguró la patronal, habrá "impactos directos al sector eléctrico y de gasolinas".

Finalmente, el CCE llamó a acercar posiciones con el Gobierno más allá de "posturas ideológicas".