Cámara de Comercio pide revisión de la Ley 22 sobre incentivos para el fomento de la actividad turística
Para el gremio el turismo es trascendental en el desarrollo sostenible del país y clave para reactivar la economía en el contexto actual.
El gremio considera que la ley requiere una revisión concienzuda por parte del Órgano Ejecutivo. Foto: Archivo
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), luego de un profundo proceso de análisis, concluye que la Ley 122 de 2019, sobre incentivos para el fomento de la actividad turística, requiere de una revisión concienzuda por parte del Órgano Ejecutivo.
Para el gremio el turismo es trascendental en el desarrollo sostenible del país y clave para reactivar la economía en el contexto actual.
"Como gremio apoyamos y promovemos las iniciativas encaminadas a estimularlo y a asegurar su competitividad frente a otros destinos, pero sin dejar por ello de reconocer que los intereses del país, como un todo, deben primar sobre los intereses particulares e incluso sectoriales", detalla el comunicado.
La CCIAP recomienda revisar su alcance con el fin de orientarla puntualmente a las ocho áreas de interés definida dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020–2025.
Además, diferenciar entre producto turístico y desarrollo hotelero, y aquellos proyectos inmobiliarios o residenciales que, más que ayudar al turismo, podrían plantear una competencia desleal al sector.
Consideran que los requisitos y obligaciones, así como los términos de fiscalización y sanciones, deben plantearse de forma clara.
"Si los créditos fiscales se van a otorgar al inicio de la obra, es vital que el desarrollador presente fianzas de cumplimiento, además de estudios de factibilidad y viabilidad, certificaciones o auditorías por profesionales idóneos", agrega la nota.
Según el gremio, en términos de impacto, la Ley 122 debe contemplar la presentación de estudios fiscales que midan el impacto de los proyectos que aplican al beneficio, en tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe establecer topes de acuerdo con su capacidad para absorber el sacrificio fiscal correspondiente.
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De igual forma, expresaron que se deben establecer mecanismos para medir el impacto social en materia de generación de empleos directos e indirectos, efecto multiplicador de la inversión y beneficio en las comunidades.
Concluyen que por tratarse de fondos públicos, toda la información y elementos que se sometan a consideración para la aplicación del crédito fiscal deben ser de carácter público.
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