Cortizo firma decreto que estabiliza temporalmente el precio del combustible para ciertos sectores

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, firmó este viernes el decreto ejecutivo 13 del 27 de mayo de 2022, el cual dicta disposiciones para asegurar un precio solidario para el transporte terrestre público de pasajeros y establece un vale de combustible para la flota comercial terrestre y la maquinaria agrícola rodante registrada.

El decreto establece que, a partir del 3 de junio de 2022, las estaciones de servicio facturarán a los titulares de certificados de operación del transporte terrestre público de pasajeros (colectivo y selectivo), a excepción del Metro Bus, el precio máximo de venta por galón de combustible, pero solo cobrarán al conductor el precio solidario de $3.95.

Las estaciones de servicio presentarán la diferencia entre el monto facturado y el efectivamente cobrado a los beneficiarios, como crédito a las empresas importadoras-distribuidoras de combustibles para sus pedidos de combustible, las cuales la presentarán para su cobro ante la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Mientras que desde el 10 de junio de 2022, los propietarios de vehículos con matrícula comercial, y la maquinaria agrícola rodante registrada en el Registro Único Vehicular, recibirán la acreditación de un vale digital mensual consumible en combustible, como medida de alivio.

Para hacer uso del beneficio, los propietarios de estos vehículos  deberán inscribir previamente sus datos generales en la plataforma digital que para estos efectos ha establecido la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establecerá el monto del vale de combustible para estas categorías de beneficiarios.

De acuerdo con el decreto, este vale de combustible caduca en el mes en que se acredita, es intransferible, no es negociable y su saldo no es acumulable para meses siguientes.

La vigencia de este decreto ejecutivo se extenderá por un periodo de tres meses y con cargo al Presupuesto General del Estado.

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Según el Ejecutivo, la medida  se adopta considerando que Panamá es un país importador de los productos derivados del petróleo y está sujeto a la volatilidad de los precios que determinen los mercados internacionales.

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