Empresarios aseguran que regular a colegios afecta la inversión privada

Luego que la Asamblea Nacional aprobara el Proyecto de Ley 508 "que establece medidas en materia educativa en los Centros Educativos a nivel nacional", el documento es rechazado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) porque que viola la seguridad y certeza jurídica de la inversión privada; es decir, es inconstitucional.

El gremio empresarial insiste en que el Estado debe ofrecer apoyo económico a los padres de familia de estudiantes que presenten la necesidad dada la disminución de los ingresos, la suspensión de los contratos o la falta de empleo debido a la crisis sanitaria de la pandemia.

El Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio subrayó que "este proyecto de ley atenta contra la libre empresa, las escuelas y colegios particulares son iniciativas privadas que buscan ofrecerle una opción de calidad a los estudiantes del país; sin embargo, en los tiempos que vivimos, resulta inoportuno y contraproducente considerar legislaciones como estas que ponen en riesgo la sostenibilidad y no toman en cuenta las inversiones necesarias para brindar la calidad de educación que requiere el estudiante. Esto sería equivalente a un recorte de presupuesto del MEDUCA para el funcionamiento de los centros educativos oficiales, cuando se requieren inversiones para adecuarlos a las exigencias del momento".

Agregó que de convertirse en Ley, se limitarán las ofertas educativas con costos asequibles, lo que redundará en menos opciones para el padre de familia, el cual deberá optar por el sistema educativo oficial; que ya enfrenta limitaciones importantes de cara a atender la actual población estudiantil.

En el año 2020, con la llegada de la covid-19 a Panamá y las prolongadas medidas de confinamiento adoptadas por el Gobierno Nacional, los centros educativos particulares se vieron en la necesidad de adaptarse en tiempo récord a la modalidad virtual con las inversiones que esta exige en cuanto a softwares y en materia de ciberseguridad, cumpliendo en gran parte con su propuesta de educación para con sus estudiantes, expresó Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio.

"La mayoría de los centros educativos realizaron sacrificios junto con los padres de familia a fin de ofrecer soluciones y alivios financieros a los hogares donde los acudientes así lo necesitaban. La mayor parte de las escuelas y colegios particulares continuaron con sus pagos de planilla y dando mantenimiento a instalaciones físicas que se necesitan en óptimas condiciones para cuando se dé el regreso a las aulas. Mientras que, el Estado no brindó auxilio alguno a los acudientes en necesidad producto de la crisis económica causada por las medidas impuestas por las autoridades", indicó Jean-Pierre Leignadier, presidente del gremio empresarial.

Cifras del Ministerio de Educación (Meduca) detallan que, aproximadamente, 5 mil estudiantes han emigrado del sector privado al público, luego que a los padres de familia se les suspendiera el contrato laboral o quedaran cesantes por la crisis sanitaria del coronavirus.

En tanto, cifras de los gremios de colegios particulares detallan que hay 727 centros educativos en el país, unas 9 mil 400 aulas de clases, 23 mil 308 docentes, 700 docentes de inicial y aproximadamente 7 mil administrativos. Además, atienden una población de 160 mil 915 personas (niños y jóvenes).

VEA TAMBIÉN: Sucursales del BHN abrirán los sábados

En el 2020 los servicios de educación privada aportaron al producto interno bruto $416 millones.

Además, a la fecha más 250 colegios particulares que cobran hasta $150 de mensualidad no han recibido la ayuda prometida por el Meduca que asciende a $2 millones.

Por su parte, Kathya Echeverría, vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep), coincide con los empresarios y añadió que de sancionarse este proyecto va a acabar con la educación particular.

Resaltó que existe una morosidad acumulada en los colegios particulares entre el 30% a 45%. Aunado a eso, hay diez colegios cerrados oficialmente y seis más han manifestado su intención de cerrar sus puertas ante la crisis.

"Apelo a la sensatez del presidente Laurentino Cortizo para que no sancione esta ley que sería perjudicial porque las escuelas no estarían en facultad de seguir operando", señaló.

En tanto que, el diputado Edison Broce dijo que "voto en contra de un proyecto que considero nefasto a nivel económico, sobre todo en momentos como tan delicados como este".

"No me atrevería a decir que todos los diputados están conscientes de las distorsiones económicas que esto causa, o de las consecuencias de la inseguridad jurídica", agregó.

Para los consumidores el Meduca debe tener una posición mucho más activa en este tema para proteger a los padres de familia.

VEA TAMBIÉN: Caja de Ahorro alcanza dos líneas de crédito

Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), dijo que los colegios privados tienen que corregir los contratos a la realidad que se vive hoy día, lo que significa que debe haber una reducción de costos.

"Invitamos aquellos padres de familia que se sientan afectados llamen a los consumidores para organizar demandas colectivas a fin de los colegios que no quieran hacer ajustes en el pago de la colegiatura sean demandados y sea un juez que resuelva el caso", señaló.

El sector particular atiende aproximadamente al 15% de la población estudiantil de este país.