Panamá
Empresas interesadas en licitación eléctrica deberán respetar montos máximos de compra
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La medida busca controlar los costos y proteger a los usuarios finales de posibles incrementos en las tarifas.
Las ofertas que excedan estos valores serán rechazadas automáticamente. Foto: Archivo
El proceso de licitación para asegurar el suministro de energía a corto plazo en Panamá avanza conforme al cronograma, con el objetivo de brindar estabilidad al servicio eléctrico desde marzo de 2025 hasta febrero de 2030.
Como parte de este proceso, se realizará una reunión aclaratoria el próximo martes 19 de noviembre, en la que los interesados podrán resolver sus dudas y consultas sobre el procedimiento.
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La convocatoria cuenta con el respaldo de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y la Secretaría Nacional de Energía, que aseguran que el proceso avanza con el orden y transparencia esperados.
El Secretario de Energía, Juan Urriola, afirmó que “se le está dando seguimiento a cada paso del proceso para asegurar que cumpla con las expectativas de estabilidad y transparencia”.
Urriola también subrayó que las propuestas deberán respetar los precios máximos establecidos y que serán evaluadas mediante una plataforma virtual que garantizará una selección justa y económica.
El pliego de condiciones establece que las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas dentro de un rango de precios máximos, definidos previamente por la Secretaría Nacional de Energía.
Las ofertas que excedan estos valores serán rechazadas automáticamente, en un esfuerzo por controlar los costos y proteger a los usuarios finales de posibles incrementos en las tarifas.
La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) ha recibido el visto bueno para seguir adelante con el pliego de condiciones.
ASEP también ha señalado que ETESA deberá utilizar la versión más reciente del Informe Indicativo de Demandas para que las decisiones reflejen las verdaderas necesidades energéticas del país, evitando posibles desabastecimientos.
Con esta medida, las autoridades buscan asegurar que los contratos adjudicados resulten en el menor costo total posible y en un suministro continuo y confiable para toda la población.
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