Escándalos marcan a empresa que busca contrato en la CSS
Distribuidora Disur de México intenta entrar en Panamá forzando una contratación donde ya fue descalificada por requisitos no subsanables.
Según el informe, Disur & Motion Health Care no presentó una carta de la Superintendencia de Bancos de México.
La empresa mexicana Distribuidora Disur pretendía incursionar en Panamá a través de una contratación que sacó a licitación la Caja de Seguro Social (CSS) para la distribución automatizada de los medicamentos a nivel nacional, a pesar de contar con un historial marcado de escándalos y supuestas irregularidades como sobreprecios en las compras de varias entidades públicas de México.
El pasado 16 de marzo, la CSS recibió dos ofertas para el servicio de actualización, implementación e integración de los procesos de almacenamiento y dispensación final de medicamentos a nivel nacional.
Una de las ofertas competidoras fue la del consorcio Disur & Motion Health Care, integrado por la empresa mexicana Distribuidora Disur y la panameña Sistemas Neumáticos de Envíos S.A., el cual ofertó 129.5 millones de dólares por el contrato.
Sin embargo, Disur & Motion Health Care fue descalificado por la comisión evaluadora por no presentar varios requisitos no subsanables.
Según fuentes del mercado, la alianza local de Distribuidora Disur tendría contactos políticos al más alto nivel del Gobierno panameño que ahora intentan tumbar el proceso, entre ellos Eduardo Castillero, hermano del presidente de la Asamblea, y el dirigente del partido de gobierno PRD, Celso "Chechito" Carrizo.
El 24 de marzo la comisión evaluadora, integrada por Edwin Rodríguez, Demetrio Diamantupulos, Carlos Castillo, Puneet Anilbahai y Luis Palacios, emitieron su informe donde descalificaron al consorcio Disur & Motion Health Care.
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Según el informe, Disur & Motion Health Care no presentó una carta de la Superintendencia de Bancos de México que certificara que el Cibanco está reconocido para operar, el primer requisito no subsanable.
Otra de las razones expuestas por la comisión evaluadora para descalificar al consorcio Disur & Motion Health Care es que no cumple con el requisito de experiencia, otro punto no subsanable. "La experiencia proporcionada está enfocada en la distribución mejorada por medio de logística de medicamentos, mas no al uso de herramientas tecnológicas por medio de sistemas automatizados", estableció la comisión evaluadora en su informe.
Disur & Motion Health Care intenta que se le reconozca un reclamo con el fin de frenar la adjudicación a su competidor: el Consorcio Salud en Control, integrado por la mexicana Intercontinental de Medicamentos S.A. y PMG Logistic Corp.
El consorcio sostiene que la oferta del Consorcio Salud en Control es la que incumple una serie de requisitos que la comisión evaluadora no tomó en cuenta para su evaluación.
También acusó directamente en su reclamo a la CSS de no cumplir con principio de transparencia "ya que nunca publicó su oferta debidamente foliada".
En México, el historial de Distribuidora Disur es empañado por publicaciones de irregularidades en varios medios de comunicación.
De acuerdo con publicaciones reconocidas en México como La Silla Rota, Distribuidora Disur, formó parte de un grupo de empresas que concentraron la compra de medicamentos participando ilegalmente hasta con dos compañías distintas en las licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de los sistemas de salud estatales, de acuerdo con datos encontrados por La Silla Rota.
El 13 de marzo de 2019, La Silla Rota señaló que Distribuidora Disur fue vinculada con el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez en 2016. "De acuerdo con información que dio a conocer El Financiero en ese año, Víctor Sánchez Ayala, dueño de la empresa se vio beneficiado por ser su amigo.
La Secretaría de Salud de Morelos compró medicamentos a esa compañía por 570 millones de pesos mexicanos, cuatro veces su valor original", señaló La Silla Rota en su artículo.
Se conoció que Disur S.A. de CV inició operaciones el 11 de octubre de 1993 cuando se constituyó como proveedor de medicamentos del entonces Distrito Federal.
El propietario de la empresa, Víctor Sánchez Ayala, ha sido vinculado con supuestos actos irregulares en varios Estados de México. En 2014 fueron dados a conocer audios en los que supuestamente Sánchez Ayala y un hijo del entonces gobernador de Michoacán, arreglaron una licitación pública de proveedores de medicamentos para el sector salud.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección Morelos, denunció en el 2015 que el gobierno estatal había comprado a la empresa de Sánchez Ayala vacunas fuera de la fecha de expiración o que estaban vencidas.
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