Gastos de Juan Carlos Varela obligan al Gobierno actual a subir el déficit fiscal

Las consecuencias de un presupuesto mal estructurado que dejó la administración de Juan Carlos Varela obliga al actual Gobierno a enfrentar una difícil situación con las finanzas públicas, al punto de tener que solicitar un aumento en el tope del déficit fiscal a 3.5% hasta el año 2022 para poder tener flexibilidad en la ejecución de proyectos de inversión.

No obstante, empresarios y economistas coinciden en que esta es una práctica que se está haciendo costumbre en las diferentes administraciones, aunque también reconocen que la actual administración se encuentra en una difícil situación en cuanto a las finanzas públicas heredadas, ya que en los primeros meses del año se gastó más de lo recaudado y se hicieron estimaciones de recaudación fiscal que no se podían lograr.

Ante este panorama, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que modifica el artículo 10 de la Ley 34 de 5 de junio de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal para elevar el tope máximo del déficit para la vigencia 2019 a 3.5% del PIB y disminuirlo al 2% a partir del año 2022.

La Ley 34 de 2008 establece límites máximos anuales de déficit fiscal permitidos para el Sector Público No Financiero con el objetivo de reducir el crecimiento de la deuda pública, lograr su sostenibilidad a largo plazo y permitir un manejo ordenado de las finanzas públicas.

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Al finalizar el ejercicio constitucional del Gobierno saliente al 30 de junio de 2019, el déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) fue 3.3% del PIB, lo cual se compara desfavorablemente frente a un tope máximo para todo el año de 2.0%.

El presidente del Colegio de Economistas, Samuel Moreno, destacó que esta decisión implica técnicamente que el Gobierno se ha encontrado con un presupuesto muy mal estructurado desde el punto de vista de ingresos y gastos.'

15.7%

disminuyó la recaudación de impuestos directos a junio 2019, respecto a lo presupuestado.

29.5%

disminuyó el pago de tasas, derechos y otros, hasta junio pasado.

"Este 2019 se gastó más de lo debido en los primeros 6 meses y es el desbalance en el presupuesto nacional, por tanto se tomaron acciones precisas en austeridad, sin embargo, el presupuesto del 2020 también tuvo que ser ajustado por esta administración", manifestó.

Explicó que la administración pasada había planteado un presupuesto de 25 mil millones de dólares, pero con el ajuste quedó en un poco más de 23 mil millones y esto da un panorama que obliga a buscar una legislación fiscal que brinde el margen de flexibilidad para poder que el Gobierno pueda apalancar mayores ingresos para atender proyectos de inversión.

Agregó que si esto no sucede "sería muy riesgoso y difícil conseguir dinero de los fondos públicos para generar las inversiones que requiere el país".

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Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra, considera que lo ideal, sin duda, sería no sobrepasar el techo del 2% de déficit fiscal. "Sin embargo, entendemos que con unas finanzas tan comprometidas como las que se recibieron este año, urge que se tomen medidas para reactivar la economía, promover el empleo y dinamizar la creación de empresas"

"Como gremio empresarial organizado, estamos solicitando una reunión con el ministro del MEF para entender aún mejor cómo está realmente la situación financiera del país y evaluar las acciones que se proponen tomar", dijo.

Mientras que el economista Juan Jované, aunque reconoce la difícil situación que enfrenta el actual Gobierno en cuanto a las finanzas públicas, sostiene que esta modificación al techo del déficit fiscal tendrá sus efectos en la pérdida de credibilidad por el cambio de reglas a cada momento como pasa con la ley de Responsabilidad Fiscal.

"Es como una especie de zapato que cada uno se lo hace a su medida y esto puede afectar al país, ya que es como si la ley no existiera, porque se anda ajustando a las necesidades de cada gobierno", dijo.

Según Augusto García, también economista, "es una práctica de los gobiernos que en el último periodo exceden los gastos por encima del presupuesto y le queda de herencia al nuevo Gobierno cumplir con este requisito".

Sostiene que esta medida en el corto plazo no debe tener un efecto sobre el grado de inversión, pero no es una buena señal de hacerle cambios a la norma cada cierto tiempo.

"No debe ser una norma que la tomen como excusa para cumplir con la ley y es lo que se ha hecho en los últimos años", dijo.

Para disminuir la brecha entre un déficit proyectado de 4.5% y lograr el déficit meta propuesto en el Proyecto de Ley, el Gobierno ya ha tomado medidas de contención del gasto.

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