El negocio de llantas importadas que involucra cerca de $35 millones anuales y que en el primer trimestre de este año ha recibido $18 millones se siente amenazado por el proyecto de ley 705 que crea un nuevo impuesto a las llantas.

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Aunque el proyecto aún no ha sido aprobado en primer debate, los importadores de llantas nuevas y los de segunda han expresado que un nuevo impuesto, además de elevar el costo de las llantas, podría causar el despido de trabajadores y hasta el cierre de pequeñas y medianas empresas que se dedican a este negocio.

El nuevo impuesto por unidad ingresado al país oscila entre $1.80 y $12.60. Por ejemplo, para las motos y los vehículos pequeños sería $1.80, para vehículos livianos de turismo y familiares económicos, $2.60. Mientras, para los de turismo de lujo el impuesto sería de $3.10.

En el caso de los vehículos de alta gama y 4X4, el monto ronda los $3.30. En tanto, para el transporte público y camión de carga pequeña sería $7.25, mientras que para los de carga pesada y los autobuses es de $12.60.

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Uso

1 millón de llantas o más se usan en la ciudad de Panamá anualmente.

20 mil y 80 mil kilómetros es recomendable cambiar las llantas del auto.

Juliette Samuels, importadora de llantas usadas, señaló que la economía del país no pasa por su mejor momento y ahora agregar un impuesto es dañino para el país.

De acuerdo con Samuels, de aprobarse esta iniciativa, impactaría al consumidor porque eleva el costo de la canasta básica y demás servicios.

Por su parte, Felipe Rodríguez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Repuestos y Llantas de Panamá, explicó que la forma como está diseñado el proyecto de ley 705 preocupa, porque no se sabe de dónde salieron las cifras para hacer el cálculo del cobro de una tasa que gravaría cada llanta que entra al país para crear un fondo que a la vez serviría para pagarle a un concesionario que manejaría las llantas de desechos.

No se sabe si ese concesionario va a ser licitado y en qué forma se escogería y la cantidad que se ha establecido como tasa que produciría una cantidad millonaria de dinero que de alguna manera tendría que transferirse al costo del consumidor, lo que aumentaría el costo de un producto que es muy necesario para el transporte de personas en el país principalmente.

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"Nos preocupa que no haya habido una consulta amplia con los que estamos manejando ese tipo de negocio. "La forma como está planteado nos deja muchas dudas y por eso nos hemos reunido y llegado a la conclusión de que vamos a pedir que el proyecto sea revisado con más detalles", reaccionó el empresario.

Al año se comercializan en el país más de 1 millón de llantas y en la mayoría se depositan en vertederos de desechos sólidos y ya hay alternativas que empiezan a darse para su utilización como generación de energía.

Para los consumidores, aunque el tema es de protección ambiental, termina afectando al consumidor.

Giovanni Fletcher, Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), manifestó que ellos apoyan la medida de bajar los niveles de contaminación al ecosistema, sin embargo, les preocupa que los proveedores o agentes económicos se aprovechen de esto para hacer aumentos a la comercialización del producto.

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"Creemos que el Estado debe proveer mecanismos para que estos aumentos, si se dan, se queden en el segmento de la cadena de comercialización donde necesariamente no pueda ser traspasado de manera fácil al consumidor final", indicó.

De enero a marzo de 2018, el 50% del valor importado en la región provino de China, 5% de Japón, 5% de Brasil y 5% de EE.UU., de acuerdo con CentralAmericaData.com.