Incentivos excesivos van contra la competencia

La polémica Ley 122 de 31 de diciembre de 2019, la cual establece que el Estado reconoce el 100% de la inversión en proyectos de hospedajes turísticos fuera de la provincia de Panamá, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este beneficio se ha convertido en una especie de fiesta que amenaza con afectar las finanzas públicas del Estado.

El desarrollador de estos hoteles solo debe realizar un mecanismo financiero como emisión de bonos, acciones o fideicomiso.

A cada sociedad que logre la certificación de la Autoridad Panameña de Turismo (ATP), el Estado le reconocerá a través de crédito fiscales, el 100% de su inversión.

Se trata de sociedades donde registran familias que pertenecen al círculo de poder del actual gobierno, como Guillermo Saint Malo Eleta, Alfredo Alemán, José Manuel Bern, y la familia Hanono.

Incluso, familiares del propio administrador de la ATP, Iván Eskildsen, están en la jugada.

En total, son 39 proyectos cuya inversión retornable al 100% por créditos fiscales es de 2 mil 965 millones dólares en impuestos que no entrarán en forma de efectivo o dinero al Estado, sino en un cartón sin validez.

El crédito fiscal podrá ser utilizado en un periodo máximo de 10 años, pero a partir del segundo año de haberse realizado la inversión en la empresa turística.

VEA TAMBIÉN: Benicio Robinson acusa al ministro Héctor Alexander de querer cogobernar el país

Viola la competencia

El economista Juan Jované consideró como una 'locura' estos incentivos fiscales, al plantear que de esta forma, cualquiera podría hacer un negocio.

"Eso está totalmente fuera de lugar; están afectando a las personas que ya tienen inversiones y va, incluso, en contra de la competencia", sostuvo.

Agregó que estamos ante otra forma de corrupción, porque en el fondo están usando los bienes públicos para hacer negocio.

"Es apropiación de fondos públicos, realmente. Eso no es correcto y además debe haber equidad en los incentivos", afirmó el economista.

VEA TAMBIÉN: Aprueban crédito de $9.4 millones a Unachi para homologación de salarios

Jované declaró que con estas leyes han revivido "el club de los exonerados", como antes eran conocidos los que recibían excesivos incentivos y no pagaban impuestos.

"El país necesita que se paguen impuestos para hacer salud, para hacer educación, y al final de cuentas solo son las clases medias las que terminan pagando los impuestos", expresó.

Democratizar las leyes

Sobre este tema, Nadkyi Duque, quien forma parte de la Cámara de Turismo, indicó que se necesitan generar plazas de empleo y llevar desarrollo a las comunidades del interior, por lo que estas leyes son necesarias.

Sin embargo, planteó que las normas de fomento turístico necesitan ser democratizadas.

VEA TAMBIÉN: ¿Qué opciones tiene Gaby Carrizo para aspirar a la presidencia, si Cortizo no puede continuar en el cargo?

"Que ese incentivo llegue a todos los sectores, desde el micro, pequeño y mediano actor del turismo", manifestó.

Proporcional

Por su parte, el abogado Alfonso Fraguela declaró que la ley no sería mala, si el beneficio fiscal que reciba la empresa privada, genere una cantidad de trabajo proporcional al monto total del beneficio fiscal.

"Si dicha ley no sirve para generar empleo de manera inmediata, esa ley dejará de ser funcional para el Gobierno", precisó el abogado.

Incluso, el profesional de derecho sugiere que la cantidad de personas que todavía recibe el bono solidario del Gobierno, pasen de la esfera de los desempleados al sector de los trabajadores con normas como esta.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!