Industria petrolera en la encrucijada en México

Pemex, el monopolio estatal petrolero que es la piedra fundamental de la economía mexicana, se está desmoronando.
 
Una fuga de gas que no había sido detectada en la sede central de la empresa en la Ciudad de México causó una explosión que destruyó tres pisos y mató a 37 personas este año. Bandidos roban permanentemente de los oleoductos, generando frecuentes explosiones y fugas dañinas.

Pemex, por otro lado, no ha avanzado en su proyecto de inversión más ambicioso, una refinería de 9.000 millones de dólares anunciada hace cuatro años.
 
Para colmo de males, los campos petrolíferos mexicanos se están secando y Pemex no tiene el equipo necesario para explorar en busca de nuevas reservas en las profundidades del mar, con miras a extraer gas de esquisto. La producción decayó un 25% en la última década y una nación que supo ser una importante productora de petróleo corre peligro de pasar a ser un importador de energéticos en pocos años a menos que se busquen formas de explotar nuevas reservas.
 
Se espera que en los próximos días el presidente Enrique Peña Nieto proponga el programa de cambios más grande en décadas para tratar de rescatar Petróleos Mexicanos, pero la iniciativa está siendo severamente cuestionada incluso antes de que se dé a conocer, en buena medida porque se cree que postulará que se aflojen las riendas del monopolio casi total del estado en la exploración y producción.
 
El petróleo está asociado con uno de los grandes momentos de la historia de México: cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria en 1938, expulsando a 17 empresas extranjeras que, según los mexicanos, estaban saqueando las riquezas del país.
 
Setenta y cinco años después, la mayoría de los mexicanos se molestan ante la mínima insinuación de que se admita la participación de empresas privadas en esa industria, especialmente si son extranjeras, por más que Pemex esté sometida a los designios de poderosos sindicatos, y sea víctima de la ineficiencia, el robo, la corrupción y una tecnología anticuada.
 
La parte más polémica del proyecto de Peña Nieto sería que alentaría el uso de inversiones y tecnología privadas, compartiendo ganancias o firmando acuerdos de concesión, algo que está prohibido por la constitución.
 
Peña Nieto ha dicho que no se propone privatizar la industria. Lo más probable es que permita que firmas privadas compartan un porcentaje del petróleo que encuentran o del dinero que genere ese petróleo. En la actualidad, la ley contempla contratos por trabajos específicos, con el pago de bonificaciones.
 
"México no puede postergar más la transformación del sector energético'', afirmó el senador David Penchyna en una reciente columna publicada en un diario. "Las premisas económicas quedaron atrás, pero han prevalecido los dogmas políticos. La realidad global en la oferta y demanda de energéticos es otra, pero para algunos México puede seguir haciendo lo mismo. El escenario cambió, pero nos aferramos a interpretar el papel de siempre''.