Panamá
La mayoría de las partidas extraordinarias fueron financiadas con préstamos externos, lo que no es lo deseable, indicó un economista. Algunos, como el aprobado a Unachi, recibieron fuertes críticas.
Han sido 9 las resoluciones del Gabinete para dotar con recursos adicionales a varias entidades. Cortesía
Aunque el Gobierno anunció un plan de austeridad, presionado por las protestas populares del pasado mes de julio, todavía no ha emitido una contención del gasto público.
En cambio, como publicara este medio en la edición de ayer, se ha valido del crédito externo para seguir financiando al Estado.
En este sentido, durante el primer semestre del año, fueron aprobados 442 millones 305 mil 388 dólares con 68 centavos en créditros adicionales a varias instituciones públicas, una fuerte inyección de préstamos.
El pasado 29 de junio, fueron aprobados $356.5 millones por el Consejo de Gabinete en concepto de créditos extraordinarios al Órgano Judicial ($5.2 millones), Ministerio de Obras Públicas ($239.7 millones), Ministerio de Educación ($44.6 millones) y Metro de Panamá ($67.0 millones).
Con excepción del Judicial, que fue destinado a funcionado, lo asignado a las otras entidades fue para inversión, en algunos casos para cubrir pagos a proveedores que actualmente ejecutan proyectos.
Todos estos recursos fueron obtenidos de préstamos, según consta en la Resolución de Gabinete No.74.
Lo aprobado en recursos adicionales a varias instituciones del Estado eleva el presupuesto de la presente vigencia fiscal, que fue de $25,294.7 millones.'
La semana pasada fue presentado el presupuesto de 2023, 6% superior al de 2022, lo que ha sido cuestionado, en momentos en que se ha anunciado un plan de austeridad en el Estado.
El crédito aprobado a Migración fue para pagar la alimentación de migrantes que usan al país como tránsito en su ruta hacia el norte del continente.
Algunas instituciones han tenido que recurrir a estos créditos, no para ejecutar nuevas inversiones, sino para pagar a proveedores por proyectos que actualmente están en ejecución.
11 entidades han recibido más fondos.
Entre los créditos aprobados figura uno por $9.4 millones a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), para homologar salarios, el cual recibió duros cuestionamientos.
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Otra centro de enseñanza superior, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) recibió $8.8 millones a finales de marzo, pero a diferencia de la Unachi, $2.8 millones fueron utilizados para inversión en compra de maquinaria y equipos.
Otras entidades, como Autoridad de Aduanas, Ministerio de Seguridad y Servicio de Migración han recibido recursos adicionales, solo destinados a gastos de funcionamiento.
La última contención del gasto público que realizó el Gobierno fue aprobada el 12 de mayo de 2021, que fue la segunda aprobada en la pasada vigencia fiscal por $125 millones.
El economista Raúl Moreira indicó que las modificaciones que se vayan haciendo al presupuesto a lo largo del año, deben ir respondiendo a la dinámica de como se va desenvolviendo la economía del país en un momento dado.
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Sin embargo, el que estos recursos se financien con deuda no es lo más deseable en una situación ideal de transparencia y disciplina fiscal.
"Los gastos e ingresos deben estar focalizados y ser realmente necesarios para la satisfacción de las necesidades de la población no para aumentar burocracia, especialmente planilla en áreas que no se requieran", comentó el experto.
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