A pocos días para que finalice la primera legislatura del último periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley 591 para convertir en delito la evasión fiscal no será modificado como lo piden los empresarios.

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La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, señaló que hay temas que no han podido ser consensuados, pero una ley nunca será consensuada por completo.

"La ley como está consensuada no toca el Código Penal, y es muy importante proteger nuestro sistema judicial teniendo una solidez", manifestó.

Sin embargo, los empresarios opinan lo contrario, y señalaron que la ley como está podría ser objeto para persecución política.

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300

mil dólares ha sido establecido el monto para constituir la evasión fiscal como un delito.

2019

Panamá podría ser incluida en la lista gris del Gafi si la ley no es aprobada este año.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa, dijo que es una petición de la mayoría de los gremios agrupados al organismo hacer modificaciones al proyecto de ley, ya que les preocupa que se utilice esta iniciativa como herramienta de persecución política.

"Se introducen cambios de tipo penal con esta iniciativa, además, es posible rebajar la pena de lavado de activos solo cuando es precedente de evasión fiscal, lo que le daría mayor tranquilidad al eliminarse la detención preventiva; sin dejar de aplicar una pena ejemplar al que cometa el delito", explicó Sousa.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) sugiere que con relación al "umbral establecido para constituir delito de defraudación fiscal", que ha sido establecido en $300 mil, sea elevado a $500 mil.

Además, el gremio reconoce la importancia de penar la evasión fiscal, pero asegura que debe procederse con cautela responsable.

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En ese sentido, la ministra De Chinchilla destacó que no pueden elevar un delito y poner unas condiciones que sean imposibles para que el Ministerio Público pueda cumplir con su labor.

Reiteró que la propuesta presentada y aprobada por el Órgano Ejecutivo, a finales de 2017, ha sido ampliamente debatida, por más de un año y cuatro meses antes de ser presentada al Consejo de Gabinete en 2017; y nueve meses después de su presentación, durante el año 2018.

Agregó que si la ley no es aprobada antes del 31 de octubre, le solicitará al presidente Juan Carlos Varela que el tema sea incluido en sesiones extraordinarias.

Por su parte, Aida Michell de Maduro, presidenta de la Asociación de las Zonas Francas de Panamá, dijo que la ley debe aprobarse en este periodo legislativo porque de lo contrario, Panamá podría ingresar nuevamente a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en junio de 2019.

"El MEF presentó el proyecto al sector privado; sin embargo, aún no ha sido consensuado", señaló.

Por su parte, la especialista internacional sobre lavado de dinero y Socia Asserto RSC, Mónica Ramírez Chimal, urgió combatir el lavado de dinero no solo porque lo dice la ministra del MEF, el Gafi o las leyes, sino para acabar con problemas como la pobreza y el desempleo.

Mientras, el fiscal de Circuito de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Dirección Organizada, Mahmad Daud Hasan, manifestó que "hacer negocio no es ilícito", pero debe hacerse en el marco de la "ética y los valores".

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Asimismo, Daud Hasan señaló que el mundo ha cambiado en materia de leyes para la transparencia fiscal, sin embargo, "nos corresponde actualizarnos a las exigencias".

Afirmó que "el blanqueo se combate con la cooperación internacional".

Panamá es uno de los pocos países del continente que no considera la evasión fiscal como un delito penal, una regulación que evitaría que nuevamente fuera incluido a la lista gris.