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Panamá Ports Company espera renovación de su concesión por 25 años más

PPC ha hecho dos pagos al Estado en concepto de dividendos: uno por $1 millón en el año 2015 y otro por $2 millones en el 2017.

Clarissa Castillo | clcastillo@epasa.com | @Claricastillo28 - Publicado:

La concesión, que empezó en el año 1997 y en la que el Estado tiene el 10% de participación, cumple los primeros 25 años de concesión en el 2022.

La empresa Panamá Ports Company, que tiene en concesión los puertos de Balboa y Cristóbal, en los lados Pacífico y Atlántico, espera que una vez finalicen los primeros 25 años de concesión se inicien las conversaciones con el Estado panameño para la renovación por 25 años más.

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El CEO of Hutchison Ports PPC, Jared Zerbe, informó a Panamá América que creen en Panamá como un hub logístico robusto y con un ambiente político y económico estable, donde tienen la oportunidad de seguir siendo parte del engranaje que mueve el país.

La empresa también reconoce que las políticas económicas de este Gobierno promueven el crecimiento positivo de los negocios para el futuro. "Estaremos esperando iniciar el proceso de renovación de nuestra concesión, cuando así lo determine el Estado Panameño", mencionó el vocero de PPC.

La concesión, que empezó en el año 1997 y en la que el Estado tiene el 10% de participación, cumple los primeros 25 años de concesión en el 2022. Sin embargo, hay voces críticas que indican que PPC no ha pagado lo que debería haber pagado al Estado en todos estos años.

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Durante la pasada administración, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que PPC solo había pagado al Estado panameño $3 millones en concepto de dividendos durante 20 años bajo el contrato de concesión.

Esta cifra es parecida a la presentada por el abogado Pedro Meilán en su denuncia de bien oculto contra PPC, en la que calculaba que la empresa solo había hecho un pago de un millón de dólares al Estado panameño en 20 años de concesión, a pesar de haber facturado en este periodo más de 3,000 millones de dólares.

Según el documento firmado el 16 de enero de 1997 entre el Estado y la empresa, se indica que la concesión se prorrogará automáticamente por 25 años más, si la PPC cumple con las obligaciones del acuerdo, lo que la pone en riesgo de perder la concesión por 25 años más.

Para Meilán, en el nuevo contrato se deben cambiar las cláusulas a favor de Panamá. "Es el momento para que el nuevo contrato diga que hay que auditarlos cada 3 años para ver si los dineros del país están ahí, ya que, a su juicio, hasta el momento parece que no ha dado resultados que se tenga a alguien de un ministerio asignado, debido a que en 20 años no se han visto los beneficios".

No obstante, PPC defiende que a casi 23 años después ha contribuido inmensamente a posicionar a Panamá como uno de los centros logísticos más importantes del mundo.

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"Hemos invertido alrededor de 1,500 millones de dólares en equipo e infraestructura, hemos impactado la vida de miles de panameños que han desarrollado carrera en nuestras terminales y hemos aportado movimiento positivo a la economía del país".

Zerbe se basa en que hoy en día el negocio no es el mismo que hace 23 años, toda la cadena logística ha tenido que evolucionar y PPC no se ha quedado atrás. Estamos creando planes a largo plazo que nos permitan seguir siendo competitivos y generando valor para todos los panameños, finalizó el vocero de PPC.

Apegado a la Ley

El consultor Rodolfo Sabonge opinó que el contrato establece una fecha en que se vence la primera vigencia, desde cuándo empezaría la siguiente, así como qué es lo que tendría que darse desde el punto de vista del Gobierno Nacional como requerimiento para una nueva prórroga.

Sabonge indicó que el contrato actual lo afectó la resolución que se hizo en el 2002, en el gobierno de Mireya Moscoso, donde se eliminó la contraprestación que tenía que haberse dado de acuerdo con el contrato original y donde el concesionario tenía que hacer pagos anuales fijos por montos establecidos.

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Montos que fueron eliminados de un solo plumazo con la modificación y que afectó significativamente los ingresos que debió haber recibido el Estado panameño.

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