Panama Ports “potencia” la industria logística, asegura viceministro Almengor
Almengor sustentó su respaldo a la prórroga automática del contrato en la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) entre enero de 1997 y junio del 2020.
La prórroga automática fue aprobada en forma unánime en la sesión de la Junta Directiva de la AMP del 23 de junio pasado. Foto: Grupo Epasa
El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, reconoció que la empresa Panama Ports Company (PPC) “ha contribuido a potenciar la industria logística en Panamá con “un impacto económico para el país más allá de los ingresos recibidos por el Estado”.
También aseguró que la posición del Estado como accionista participativo del 10% de la concesionaria PPC no ha desmejorado, por el contrario “ha incrementado su valor en el tiempo, producto del valor en libros y el patrimonio que tiene la empresa en este momento”, aseguró Jorge Luis Almengor, viceministro de Finanzas.
Las declaraciones de Almengor se dieron durante la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que el pasado 31 de mayo sometió a consideración la solicitud formulada dos meses antes por PPC para la prórroga automática del contrato para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.
La prórroga automática fue aprobada en forma unánime en la sesión de la Junta Directiva de la AMP del 23 de junio pasado.
Almengor sustentó su respaldo a la prórroga automática del contrato en la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) entre enero de 1997 y junio del 2020.
Se refirió, al mismo tiempo, a la consulta hecha a la firma internacional de abogados Arnold & Porter Kaye Scholer, que por 35 años ha asesorado a la República de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en temas financieros. Los abogados internacionales, según Almengor, opinaron que “no debe haber ningún impedimento para que esa extensión se dé”.
Ante la Junta Directiva de la AMP, Almengor señaló que desde el punto de vista comercial y financiero “no se desmejoró la posición del Estado como accionista de la empresa”. “En todo momento se mantuvo ese porcentaje participativo del 10% sobre unas acciones que el Estado en realidad nunca pagó un derecho de suscripción eso es un hecho que es importante mencionarlo”, precisó.
“Siendo un contrato ley el mismo se mantiene vigente y nosotros mal pudiéramos refutar la no extensión automática del mismo”, añadió. “Como Ministerio de Economía y Finanzas la verdad es que no tendríamos objeción en que la concesión sea renovada de manera automática como el propio contrato lo establece”.
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“En un país como lo es Panamá que es abierto a las inversiones, desde el punto de vista legal, siempre se ha mantenido la seguridad jurídica para garantizar aquellas inversiones que son productivas, positivas y que sobre todo representan ingresos para el Estado”, recalcó.
Almengor reconoció que PPC “ha contribuido a potenciar la industria logística en Panamá, sobre todo el tránsito de las cargas, que ha tenido un impacto económico para el país más allá de los ingresos recibidos por el Estado”.
Mayor rentabilidad
La auditoría de la CGR estableció la existencia de “un monto de $833.6 millones dividendos retenidos que se mantienen en el patrimonio de la empresa declaradas como dividendos retenidos no distribuidos”, comentó Almengor. El MEF recomendó que la concesionaria reconociera el 10% de ese total en favor del Estado.
De mutuo acuerdo, PPC entregó al Estado $165 millones, correspondientes a $83 millones por el 10% de las utilidades retenidas, $27 millones adicionales que la concesionaria pago “como socio” al Estado, $35 millones como dividendos adelantados durante el quinquenio gubernamental y $20 millones en apoyo a la campaña educativa de internet para todos.
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Según la Junta Directiva de la AMP, el acuerdo alcanzado con PPC genera una mayor rentabilidad del contrato y establece una revisión periódica de las tarifas de carga. El Estado recibirá un mínimo de $7 millones anuales en dividendos, más $24 millones por año por movimiento de contenedores y muellaje. La proyección es $32 millones anuales, unos $816 millones en 25 años, lo que prácticamente duplicará los $445 millones recibido en el primer periodo de concesión.
También se acordó revisar en el 2022 la tarifa actual de $12 por contenedor que se mantiene desde el 2013. Se anticipa un aumento de $1.41 por contenedor, para quedar en $13.41, lo cual incrementará los ingresos para del Estado.
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