Panameños deben más de $30 mil millones a bancos

Los panameños mantienen una fuerte deuda o compromiso financiero con los bancos de la plaza local, deuda que asciende 30 mil 316 millones de dólares, de acuerdo con las cifras acumuladas al pasado mes de febrero de la Asociación Panameña de Crédito (APC).

Este tema ha cobrado alta preocupación en medio de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19) y la llamada cuarentena obligatoria donde muchas personas han perdido o están por perder sus puestos de trabajo ya que las empresas donde laboran están paralizadas o sus ingresos se han mermado considerablemente.

Un informe del Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF) hizo referencia a los efectos del coronavirus en el Sistema Bancario Panameño, y sostiene que este sector se podría ver afectado por un incremento en los saldos morosos, debido al atraso o no pago de los saldos crediticios locales de los distintos sectores económicos del país.

En el sistema bancario nacional existen 40 entidades bancarias con licencia general, cuyos préstamos están concentrados en las hipotecas con un saldo pendiente por cobrar de 17 mil 239 millones de dólares. Le siguen los préstamos personales con una cartera de 6 mil 843 millones de dólares, 2 mil 428 millones de dólares en tarjetas de crédito, y mil 803 millones de dólares en la parte del financiamiento de autos.

Ante este panorama no previsto en donde muchos panameños podrían enfrentar problemas para cumplir sus compromisos financieros, los bancos en Panamá han adoptado una serie de medidas con la finalidad de que sus clientes puedan realizar arreglos de pagos o acogerse de manera automática al beneficio de postergar su pago. Otros bancos han informado de recortes en la tasa de interés de sus préstamos también de forma automática.

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Sin embargo, los bancos y reguladores han sido claros en que estas medidas no implican una exoneración del pago o condonación de la deuda, sino el aplazar estos compromisos por cuatro meses en su mayoría, para luego hacer frente al compromiso.

Los bancos han aclarado que el que se acoja a estas medidas, no se le cobrarán recargos por mora, ni se le afectará su historial de crédito.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, señaló que es un aplazamiento de pago y en otros una disponibilidad para restructurar los términos del préstamo. "Los detalles dependen de cada banco, por eso cada cliente debe remitirse a comunicados emitidos por cada entidad bancaria", sostuvo.

Muchos bancos han establecido los aplazamientos de pago de manera automática. Sin embargo, hacen la salvedad de que la persona que continúa cobrando su salario y pueda pagar sus compromisos, que lo haga.

Gustavo Villa, Secretario General de la Superintendencia de Bancos, indicó que las adecuaciones pueden ser una iniciativa de cada banco o que los clientes hagan su solicitud para renegociar los términos y plazos de sus compromisos ante el caso de que la persona haya tenido alguna afectación en sus ingresos.

Villa señaló que la Superintendencia no se inclina por soluciones que sugieren la condonación de pagos o cuotas, "ya que lo que tenemos que tratar de introducir son medidas que preserven la estabilidad y no introducir medidas pensando que hacemos un bien y lo que hacemos es un desequilibrio en el sistema".

Según el MEF, la liquidez promedio de enero a marzo de 2020 en el Sistema Bancario Nacional es de 55.8%, un exceso de 25.8 puntos porcentuales por encima de lo establecido en la regulación.

Samuel Moreno, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, indicó que los empleados que todavía cuentan con un salario deben pagar sus obligaciones ya que eso le da un respiro a la economía.

"Dejemos que el gobierno ataque el problema de esa población que no tiene empleo, para que el bono alcance para cubrir necesidades", dijo.

Enfatizó que quien reciba ingresos pague sus obligaciones para que el circuito financiero funcione, porque si se corta la cadena de suministro, entonces sí entraremos en un caos.

Moreno señaló que en el caso de los empleados públicos, el Gobierno debe garantizar la planilla a los 242 mil funcionarios públicos aproximadamente que existen en el país y cuyo sueldo bruto es de $363.6 millones mensuales.

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