Paralizaciones a nivel nacional agudizan crisis económica

Los cierres de calles y manifestaciones en diversos puntos del país en oposición al proyecto de reformas a la seguridad social siguen aumentando, afectando la reactivación económica, turismo, atención de pacientes, educación, confianza de los inversionistas, libre tránsito de los ciudadanos y sus empleos. 

Pese a que representantes del Gobierno se trasladaron hasta la provincia de Bocas del Toro para conversar con los trabajadores de las bananeras, no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que, las protestas podrían continuar. 

El Ejecutivo propuso a los bananeros reglamentar la ley, incluyendo con precisión lo que establece la ley No. 45 del 2017, a fin de aclarar sus dudas sobre supuestos cambios a sus jubilaciones con la entrada en vigencia de la ley No. 462, pero, la iniciativa fue rechazada. 

Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, el hecho de que varios ministros se hubiesen trasladado hasta el lugar de los hechos para llegar a acuerdos es una muestra de compromiso del Gobierno en escuchar reclamaciones objetivas y con fundamento, no obstante, no se puede perder de vista que la crisis actual mantienen a varios sectores en las calles por diversos temas. 

Sin embargo, estos esfuerzos y explicaciones parecen no haber sido suficientes para los trabajadores, ya que, se levantaron de la mesa de diálogo, anunciando que los cierres de calles se mantendrán hasta conseguir la derogación de la ley de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). 

Acciones que fueron catalogadas por el viceministro de Comercio, Eduardo Arango, como “egoístas” por detener el progreso económico que están buscando las autoridades a través de la inversión extranjera. 

El viceministro reiteró la voluntad del Gobierno para encontrar una solución al conflicto por el bienestar del país. 

“La ley del Seguro Social no les afecta a los trabajadores de las bananeras ni les causa un gran perjuicio”, dijo. 

Por su parte, Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana), insistió en que lo aprobado por el Ejecutivo lesiona la ley No. 45, por lo tanto, seguirán exigiendo su eliminación total junto a los trabajadores de la construcción, docentes y otros grupos sociales. 

Este jueves se cumplen 23 días de protestas a nivel nacional con más de 480 cierres, posible suspensión de empresas, despidos laborales e incertidumbre de inversionistas y viajeros al país. 

Según representantes del sector comercial, desde que iniciaron las paralizaciones, la asistencia de visitantes a los centros comerciales ha disminuido entre un 20 % y 10 %, lo que se traducirá en reducciones de personal, sobre todo, de trabajadores temporales.

La ministra de Turismo, Gloria De León Zubieta, detalló que la incertidumbre que generan los cierres en el país está contrayendo la economía y la inversión. Por ello, la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR) hizo un llamado a la comprensión de los involucrados en la discusión de la ley No. 462 para encontrar soluciones que favorezcan a todos los actores sociales.

“Hacemos un llamado urgente al entendimiento con miras al desarrollo de soluciones, ya que, el alcance de las afectaciones socioeconómicas llegan a todos los estratos sociales, sobre todo a los que menos tienen”, afirmaron a través de un comunicado.

La ley de reformas a la CSS fue sancionada por el presidente José Raúl Mulino el pasado 18 de marzo después de varios meses de discusión.