Perjuicios por cierres provoca querella penal

Integrantes de la Cámara de Turismo, Comercio e Industria de Tierras Altas se cansaron de sentirse 'secuestrados' por manifestantes que mantienen cuatro puntos de bloqueos en el distrito y los querellaron penalmente.

Los comerciantes y productores interpusieron una denuncia criminal contra 21 personas, a quienes acusan de ser los responsables de los cierres, por daños, delitos contra el patrimonio económico, contra la seguridad colectiva, terrorismo y asociación ilícita para delinquir.

Los denunciantes expresaron que estos bloqueos de las principales vías de Tierras Altas han interrumpido de manera crítica la actividad comercial en todo el distrito e impedido el suministro de alimento, gas y combustible.

Los principales motores económicos de esta zona, la actividad agrícola, turística y comercial han sufrido daños considerables.

Informaron que el sector turístico ha sufrido pérdidas de 90%, estimadas en $3 millones, con 0% de hospedaje desde que iniciaron los cierres, hace un mes.

En tanto, Lorenzo Jiménez, en representación de los productores, estimó que por día están perdiendo un millón de dólares, en promedio, al no poder sacar sus alimentos para comercializarlos.

Los afectados agregaron que los protagonistas de los bloqueos han empleado métodos de extorsión y amenazas a residentes de la comunidad, perturbando su bienestar psicológico.'

21

personas denunciadas. Estas son Nariño Aizpurúa, Jaime Jiménez, Eugenio Marcucci, P. Pinedo, Karla Valenzuela, Augusto Batista, Laura Pedreschi, Víctor Pinedo, Damaris Sánchez, Elvin Montero, Abdiel Gallardo, Kibzeth Concepción, Yurena Serrano, Gloria Espinoza, Angélica Chavez, Christopher Aizpurúa, Eric González, Dalys Jurado, Benjamín Rodríguez, Diego Flores, y Eduardo Núñez.

David Cuevas González, abogado de la Cámara de Turismo de Tierras Altas, denunció que detrás de los manifestantes hay grupos que los están financiando, por lo que dentro de la querella piden al Ministerio Público que investigue esta situación.

"Cuando le dijimos que hay ciudadanos que no residen en Tierras Altas, alguien está financiando la permanencia de esos ciudadanos en esa comunidad y eso es parte del delito de terrorismo", declaró.

A su vez sostienen que los que están cerrando las calles no viven en Tierras Altas.

"Cuando vemos que hay personas que están cerrando la calle usan capuchas para no ser identificados, pero en los momentos en que se las han quitado, hemos tomado fotos y son personas que no se conocen en el territorio, no viven en Tierras Altas", dijo la comerciante Fanny Romero.

Agregó que han tenido que prescindir de mano de obra en sus negocios en 46%.

"No tenemos insumos y eso va a acarrear desempleo. Es una sensación de impotencia, hemos luchado por muchos años para lograr una economía", dijo Romero, con palabras entrecortadas al plasmar su sensación.

Dirigentes de diferentes gremios del sector empresarial acompañaron a los miembros de la Cámara de Turismo de Tierras Altas para divulgar la acción penal que interpusieron.

Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), indicó que las provincias de Colón, Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro son las principales afectadas por bloqueos de carreteras.

Como gremio se están poniendo a disposición de las agrupaciones empresariales de esas regiones para ver como los apoyan para lograr que se reabran las vías.

El abogado Cuevas espera que esta no sea la única ni la última de las querellas que se presenten contra acciones de calle como las que viven en Tierras Altas.

"Exhorto a todos los organismos comerciales y empresariales a que se constituyan en querellantes, porque hay que poner un alto; están acabando con el país y no lo podemos permitir", afirmó.

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